La magistrada Blanca Nélido Barreto decidió aplazar la audiencia de formulación de acusación en contra del gobernador Luis Alberto Monsalvo, luego de que la defensa pidiera declarar nula la imputación hecha por la Fiscalía General en contra del mandatario por presunta corrupción en la contratación de las ayudas humanitarias durante la pandemia.
Para la defensa, en cabeza del abogado Alejandro Sánchez, no hay claridad sobre si se imputa al gobernador por participar en los contratos o por omisión. “¿Cómo fue la intervención del gobernador en la falta de idoneidad de estos contratistas? No existe claridad o línea clara. Está claro que no solamente por el ejercicio de la función debe responder por el resultado. Es necesario que haya algo más que el simple ejercicio de la función”.
Y agregó: “En la acusación parece que se trata de un vicio de omisión. Antes se había dicho que participó en el amaño de las contrataciones”.
Monsalvo Gnecco fue responsabilizado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros, de los cuales no aceptó cargos. Según la investigación, la urgencia manifiesta decretada por la pandemia permitió que la Gobernación del Cesar hiciera contratos de manera directa, pero no habría realizado un análisis riguroso que permitiera determinar cuál era la oferta óptima para elegir a los contratistas con relación a costo–beneficio.
HABLÓ EL GOBERNADOR
Antes de finalizar la audiencia, Luis Alberto Monsalvo, quien está en prisión domiciliaria, solicitó la palabra para hablar sobre el caso.
“(Pido a) la Corte Suprema verifique los hechos porque los elementos que se proponen no me vinculan. Lo que observo en este proceso es que se habla de precios y los precios de un estudio de mercado no son competencia directa de los gobernadores porque en una entidad territorial el organigrama es grande. La Fiscalía se refiere a los precios y los precios son hechos fiscales que no define el gobernador”, inició relatando Monsalvo.
Luego manifestó que en la Gobernación del Cesar todos los días se liquidan muchos precios, “desde un aire acondicionado, una mesa, una varilla, una luminaria, pero todo eso lo hacen funcionarios de planta, y son ellos quienes determinan los precios”.
“El vehículo jurídico que se está tratando de conducir no llega al despacho del gobernador. Para que los precios lleguen a la instancia en la que yo tenga que responder es necesario que alguien diga que yo manipulé los precios. En este caso particular no existen pruebas que me vinculen con esta situación. Estos son eventos fiscales y no penales, y para que se conviertan en penales debe existir un dolo”, agregó el gobernador.
Por último, aseguró que el contrato tenía 41 proveedores de alimentos, lo que hacía imposible amañarlo. “Alguien muy cercano describió esta situación. Me dijo: ‘Gobernador, el negocio se hace con uno, no con 41’. Es elemental que no se dio el negocio con 41 proveedores”, cerró Luis Alberto Monsalvo.
La Fiscalía General estudiará la petición de la defensa, y dará a conocer la decisión el próximo 29 de noviembre a las 8 de la mañana.
Por Deivis Caro