“No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, dice el refrán que una vez más se cumplió y se va a seguir cumpliendo, a medida que las empresas carboníferas que hacen presencia en la región interpreten el nuevo ordenamiento energético mundial, declaradamente contrario a la emisión de gases de efecto invernadero resultante de la explotación de recursos naturales no renovables.
Así es. Los desastres naturales que cada vez más seguido nos recuerdan nuestra fragilidad como seres humanos, sumado al obligado silencio del incendiario expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a los estrictos confinamientos que a nivel mundial se decretaron para disminuir los efectos de la pandemia del covid-19, los cuales probaron en el corto plazo que sí es posible enfrentar las externalidades negativas de algunas actividades económicas, sensibilizaron a las potencias mundiales a ser amigables con el ambiente, motivándolas a fijar estrategias para enfrentar el cambio climático que hoy nos expone a catástrofes, enfermedades y a una inexorable ruina económica, capaz de hacer inviable la supervivencia de la especie humana.
En consecuencia, el recién posesionado Joe Biden, entre sus primeras 17 órdenes ejecutivas, firmó el reingreso de su país al Acuerdo Climático de París, contra el uso de combustibles fósiles. Fortaleciéndose así la tendencia mundial de preservar los ecosistemas, aquí se ganó un gran aliado.
Hoy las grandes multinacionales de la explotación están siendo consecuentes con las políticas públicas gubernamentales, reinventado gradualmente un negocio que les permita seguir en el mercado mediante la oferta de energías limpias, dicho sea de paso, más rentables debido a la baja en los precios internacionales del petróleo, el gas natural y el carbón.
La implementación total se demora un poco porque el carbón seguirá representando cerca del 20 % de la matriz energética mundial para 2050, pero para allá vamos.
Ya en el departamento del Cesar sentimos el primer coletazo, hace pocos días el Grupo Prodeco anunció la devolución de los títulos mineros, por lo tanto, se cierran dos minas de carbón en nuestro departamento, dejando de percibir 300 mil millones de pesos en regalías, centenares de familias sin empleo y una deuda ambiental y social pendiente de pago por parte de la empresa minera.
La decisión es irreversible, es una tendencia global, ya no hay tiempo de llorar, las voces que gritan desconsoladas pero que en su momento fueron cómplices del derroche, ahora se ahogan en el silencio de la realidad. Los dineros, que como dice un amigo, “cogieron callejón” a suntuosas plazas de banderas, a faraónicos parques en tributo al cemento, a fantasmagóricos complejos de tenis, a estadios inconclusos y a una serie de obras que obedecían más a negociaciones clandestinas que al impacto en las comunidades, solo hacen parte testimonial de la ruinosa hojarasca que dejan las bonanzas cuando no se planifica la inversión.
Ahora preocupémonos mejor por exigirle a nuestros mandatarios que el 36,7 % de nuestro PIB, correspondiente a la participación de la minería, sea invertido en desarrollo económico local, en superar realmente las necesidades básicas insatisfechas, en prepararnos intelectual y laboralmente para que la millonaria compensación a la externalidad negativa de la explotación no quede solo en los bolsillos de pocas familias, sino que vuelva a la riqueza aliada de la dignidad y el progreso y no siga siendo un factor de sometimiento para el pueblo del Cesar. Les dejo la inquietud. Un abrazo.