La directora de justicia transicional del Ministerio de Justicia, Catalina Díaz, advirtió de la importancia del comunicado de la Corte Penal Internacional, CPI, sobre los acuerdos de paz firmados en La Habana.
“Es importante tener este comunicado que satisface los estándares internacionales de justicia, verdad y reparación, porque pone a las víctimas en el centro de este proceso y reconoce sus derechos”, dijo la funcionaria previo al Foro de Justicia Transicional y Derechos Humanos realizado ayer en las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar.
La funcionaria se refirió a los comentarios que el procurador general Alejandro Ordoñez hizo al pronunciamiento de la Fiscalía de la CPI, sobre la implementación de los acuerdos para asegurar “responsabilidad penal” y “castigo efectivo”.
“Un castigo efectivo implica una sanción adecuada y proporcional a la gravedad de los crímenes perpetrados, tal y como se desprende del Estatuto de Roma y de los pronunciamientos de la misma Fiscalía de la CPI”, dice el comunicado del procurador.
A lo que la funcionaria del Ministerio de Justicia respondió: “el señor procurador general en su tesis sostiene que solo procede sanciones privativas de la libertad ordinaria para crímenes graves de competencia de la Corte Penal Internacional”.
La funcionaria también explicó que “en la interpretación de la Corte Penal Internacional no es cierto que el estatuto de Roma exija sanciones privativas de la libertad a un país que sale de la guerra y adopta un sistema de justicia transicional. La CPI entiende para nuestra satisfacción que las sanciones son un campo con alta dosis de discrecionalidad por parte del Estado, especialmente cuando se trata de salir de una guerra a través de una negociación política.
Además aclaró que habrá sanciones simbólicas frente a los ‘falsos positivos’, ejecutados por agentes estatales, o los crímenes de lesa humanidad de las Farc.
“Tanto excombatientes, agentes del estado y civiles que reconozcan con verdad y reparación y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, serán sancionados por el tribunal cuando sean crímenes graves y pagarán entre cinco y ocho años de restricción efectiva de libertades”.
La directora de Justicia Transicional, Catalina Díaz, participó del Foro de Justicia Transicional y Derechos Humanos realizado ayer en las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar.
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