Una vez que el Gobierno fracasó en su intento de descargar sobre los hombros de quienes perciben menores ingresos la financiación del déficit con el que se aprobó por parte del Congreso el Presupuesto para la vigencia del 2019, empezó el forcejeo entre las distintas fuerzas políticas en su pulso con el Ministerio de Hacienda.
A renglón seguido empezaron a barajarse varias alternativas, que fueron las que finalmente se aprobaron, entre ellas la de revivir el impuesto a los patrimonios que superen los $5.000 millones, con una tarifa de 1%, del cual se esperarían ingresos del orden de los $1.2 billones, 15% de impuesto a los dividendos superiores a los $10.2 millones, que tributarían $821.000 millones, el restablecimiento del impuesto a la remesa de utilidades con una tarifa del 7.5%, que podría contribuir al recaudo con $820.000 millones, el IVA “plurifásico”, del cual se esperan recaudar $910.000 millones.
Finalmente, se echó mano, una vez más, la herramienta de la “normalización tributaria”, en la cual la gestión de la DIAN es clave. Este impuesto sería complementario del impuesto a la renta y al patrimonio. Por este concepto se esperan y aspira a recaudar $1.000 millones, aproximadamente.
Esta encrucijada fiscal se complica cuando constatamos, como lo hizo la ANIF, a la cual le invade la preocupación de que “ahora se tiene un Presupuesto General de la Nación del próximo año con un incremento del 1% del PIB, llevando el total del gasto público al 24.5% del PIB, con un 1.5% del PIB a la fecha desfinanciado”. Es de anotar que el descuadre no va a ser solamente en el PGN sino en el Presupuesto del SGR, toda vez que bajo los efectos de la euforia del repunte transitorio de los precios se infló ostensiblemente.
ANIF no disimula su preocupación por la perspectiva un tanto sombría de las finanzas del Gobierno central, el cual “para abrir espacio a todo este gasto, el MHCP tuvo que recurrir a realizar operaciones de canje de deuda” y “así postergar amortizaciones por valor de $14.5 billones, lo cual implica incrementar la deuda en un 1.5% del PIB´”. Y concluye, a propósito de la ley de financiamiento: “pesarán más los elementos que drenan el recaudo que los que lo impulsan y eso es grave”, sobre todo más allá del 2019.
No quiero terminar este análisis sin destacar un hecho relevante de esta Ley y es que la peor parte del impacto infligido la lleva la clase media, habida consideración de que las deducciones a las que hoy tiene derecho y que fueron reducidas en la reforma del 2016 se vuelven a aminorar. Le asiste la razón al exvicepresidente Germán Vargas, cuando afirma que “la gran afectada con la reforma será la clase media, que después de haber soportado las dos últimas reformas ahora tendrá que asumir una mayor carga tributaria”. ¡Más claro no canta un gallo!