Rechazamos rotundamente toda acción vandálica que atente contra la integridad de los ciudadanos y la tranquilidad del pueblo vallenato. Pero rechazamos más que no se respete el ejercicio del periodismo en Valledupar, tanto por parte de los manifestantes como por los agentes del Esmad.
Lo ocurrido ayer en el barrio La Nevada revive nuevamente la discusión sobre las protestas sociales y su noble propósito, al pasar los límites para convertirse en vandalismo y delincuencia. ¿Son realmente mototaxistas los que se enfrentaron ayer con los agentes del Esmad y los que atacaron las busetas de servicio público? ¿Son mototaxistas los que le robaron al camarógrafo de RCN Televisión su equipo de trabajo? ¿Por qué para el Esmad los periodistas se convierten en sus objetivos?
El Decreto de la discordia, con el que el alcalde Freddys Socarrás busca regular el mototaxismo y crear el escenario para que funcione el Sistema Estratégico de Transporte Público (SEPT), sigue en firme, pero con el compromiso de las autoridades de darle a los mototaxistas las herramientas necesarias para su reconversión laboral y a las comunidades opciones diferentes de transporte. Creemos en las palabras-promesas de la autoridad y seremos veedores de las mismas.
Se apoya la decisión del alcalde Socarrás de hacer cumplir el Decreto y la de los líderes de los mototaxistas de continuar el diálogo con las autoridades locales. Solo se espera que los anuncios de más rutas y más busetas se consolide pronto, para que el vacío que dejará el mototaxismo se pueda suplir sin complicaciones. Igualmente, que la dinámica económica que genera la actividad del mototaxismo se vea reflejada en otra actividad.
Hacemos un llamado al comandante de la Policía en el Cesar, coronel Faiber Martínez, para que revise el comportamiento de sus agentes con los periodistas. Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el caso del periodista Richard Vélez, quien precisamente fue agredido por agentes del Estado en el año 1996, mientras cubría una protesta, fallo que ordena que los integrantes de la Fuerza Pública tengan formación sobre libertad de prensa y obliga al Estado para que adopte medidas especiales para garantizar el libre ejercicio periodístico. En el Cesar esa sentencia no se cumple.
EL PILÓN hace un llamado a los actores de estas protestas para no obstruir la labor periodística, y para no desestabilizar el orden público de la ciudad. La vía del diálogo es el mejor camino. No al vandalismo, ni la delincuencia.