Los únicos responsables de la interinidad que hay en la rectoría de la Universidad Popular del Cesar (UPC) son los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) porque no han actuado con prudencia y son ellos quienes deben dirimir cuanto antes –aplicando la sapiencia de cada uno- el estado de zozobra que se vive en nuestra institución universitaria.
Debe primar la sabiduría antes que la malquerencia, la inclusión antes que la exclusión, apartar la politiquería por el principio académico, dar ejemplo de unión y conciliación ante las comunidades universitarias y la sociedad de la región y del país.
Deben cesar las inclinaciones por acaparar un poder que nos merecemos todos. No deben haber vencidos ni vencedores, ni blancos ni negros y mucho menos juicios exacerbados que lo único que nos lleva es a la división. De ser así, pierde la sociedad, los jóvenes, los padres de familia, pierde la región.
Quienes crearon la Ley 30 seguramente la hicieron con el ánimo de que en el interior de las universidades –especialmente las públicas- desarrollen la proactividad, para que los directivos (CSU) y demás miembros trabajen con armonía, para que las iniciativas sean prósperas de manera tal que se mantenga la libertad. Para que el discernir y la controversia entre los estamentos sea provechosa, que ayude a darle solución y claridad al problema, justo como el que ahora sucede, con la decisión que ha tomado el Consejo de Estado en contra del rector Carlos Oñate. Son dos advertencias en derecho que han surgido del seno del máximo tribunal de lo contencioso.
Es inaceptable lo que dicen que afirma uno de los miembros del CSU: ‘que al profesor Carlos Oñate lo “tumbaron” y muchos se alegran’. No se trata de una jocosidad en medio de tanta seriedad jurídica. Quienes votaron por su designación (dos veces) lo hicieron de manera irregular y ahí están los dos fallos adversos. Aquí nadie se alegra, al contrario, perturba la determinación del tribunal, porque la UPC sucumbe en medio de litigios que se pueden resolver si se actúa con medición, con pertinencia para ser especifico.
Entonces, hay que voltear la página. Aprender de los errores y empezar de nuevo. Quedan cuatro aspirantes, los miembros del CSU tienen el deber de definir cuanto antes esta interinidad tan perturbadora para estudiantes y docentes. No hay de otra. Deben escoger al mejor.
Los magistrados del Consejo de Estado ya lo han escrito en dos fallos que no admiten fisuras, señalando las irregularidades en la designación del rector Oñate. No se puede insistir contra la corriente y la verdad, porque el agua del río no se devuelve y la mentira pronto se agarra.
La Universidad Popular del Cesar no es propiedad privada. La UPC no es de los Santos ni de los Pumarejo ni de los Maestre; no es de los Oñate ni de los Durán, tampoco es de los Ovalle ni de los Cuello, menos de los Orozco ni de los Meza ni de los Quintero. La UPC es de todos, de la sociedad colombiana, de todos nosotros.
Tenemos que defenderla, hasta poniendo en práctica la última proclama del libertador Simón Bolívar: “Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión: los pueblos obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía; los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo; y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. ¡Colombianos! (upecistas) mis últimos votos son por la felicidad de la patria” (UPC).
Hasta la próxima semana.
Por Aquilino Cotes Zuleta
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