Existen muchos municipios en Colombia que demuestran falencias y deficiencias en la estructuración de proyectos. Así mismo, encontramos que la mayoría no cuentan con una planeación en la inversión, no permitiendo que las obras que se contratan lleguen a satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes y propendan por brindar bienestar y mejorar sus condiciones de vida.
Es muy frecuente encontrar municipios con problemas de acueducto y alcantarillado, con déficit habitacional, con hospitales a las puertas del cierre por problemas financieros o colegios sin la infraestructura adecuada que garanticen a su comunidad una verdadera educación con calidad.
Sin embargo, el ente territorial al momento de invertir, con los pocos recursos que le llega, lo hace de manera irresponsable, sin un verdadero análisis que conlleve a satisfacer las necesidades prioritarias que padecen sus comunidades y propendan a mejorar las condiciones de vida, levantando el asta de la esperanza y soñar con un mejor mañana.
Los mandatarios han acrecentado su intereses en invertir en obras que contribuyan al desarrollo de sus territorios en su formalidad, más no en su sustancialidad, olvidándose de la estructuración de proyectos para hospitales, colegios, carreteras, vivienda que permita a la sociedad avanzar en la erradicación de la pobreza y desigualdad.
Es por ello inaudito que existan entes territoriales que busquen que sus concejos aprueben facultades para apropiar recursos de vigencias futuras por más de 1.500 millones de pesos para pavimentar calles, sin contar con un sistema de acueducto y alcantarillado idóneo y eficiente, que podría ocasionar la destrucción de estos pavimentos en un futuro no muy lejano.
Cómo es posible que comprometamos los escasos recursos de nuestros ingresos para pavimentar calles, donde no existe dinero para el aporte porcentual a la nación y el departamento en busca de la construcción de una institución educativa que no cuenta con sede, en el que sus alumnos no tienen espacios adecuados para su enseñanza, recreación o laboratorios que le permitan una mejor educación, que coadyuve a nuestros estudiantes ascender en las Pruebas Saber, saliendo de los últimos lugares en que estamos inmersos.
No es justo que los centros asistenciales de salud se encuentren atravesando una grave crisis financiera y no cuente con la dotación adecuada y talento humano que le permita brindar un eficiente servicio a la comunidad.
Es inconcebible que existan municipios con hacinamiento habitacional por el déficit de viviendas que existe y la falta de proyectos que garanticen una vivienda digna y justa a su gente para invertir en obras de menor impacto social.
Es necesario invertir en obras que nos permitan brindar garantías a los habitantes. También, que los derechos fundamentales —salud, educación, vivienda digna y saneamiento básico— se presten de manera oportuna, eficiente y de calidad, demostrando con ello la correcta inversión de los recursos de nuestros pueblos.
Si visionamos la construcción de unos mejores municipios; la adecuada pavimentación de sus calles contribuyen en su avanzar arquitectónico, sin embargo, esta inversión sobre un territorio que le asiste necesidades, básicas, donde la pobreza es el hilo conductor del diario vivir por la carencia eficaz y justa en inversión social, es una inversión inconsciente, desproporcional y sin visión real.
El llamado es que cada ente territorial ejecute su inversión de acuerdo con sus verdaderas requerimientos, de lo contrario seguiremos condenando a nuestra gente al atraso, pobreza y miseria en el que por años los han sumido a convivir.
Por Diógenes Pino