Siete años en la Universidad Federal de Minas Gerais duraron mis estudios universitarios de arquitectura en la ciudad de Belo horizonte, Brasil, claustro donde se puso en práctica la participación de las facultades de arquitectura e ingeniería por medio de laboratorios de proyectos integrados por profesores y alumnos de tercero y quinto año que por concurso de méritos se ganaban sus vacantes como dibujantes o como asistentes en desenvolvimiento de proyectos para las sedes de las entidades financieras del Estado, con sede propia. Estos planos, diseñados directamente por los profesores seleccionados para tal fin, se encargaban además, de cumplir con el marco jurídico urbanístico, de atender la supervisión arquitectónica de la construcción de dichas sedes. Los honorarios los percibía la universidad, recursos destinados al funcionamiento general y para la remuneración de los estudiantes que participaban año tras año en esta interesante labor, que propendía permanentemente por la enseñanza normativa al alumnado. Igual sucedía con las facultades de ingeniería para los estudios estructurales y de instalaciones de todo tipo, es decir, la universidad participaba en el desarrollo del Estado, por lo menos en mi época.
Siempre ha existido la posibilidad de que las universidades a través de sus recursos humanos sean los colaboradores y por qué no, los asesores principales de las Administraciones municipales y que por retribución al apoyo oficial en materia de difusión de conocimientos de sus Secretarías hacia los estudiantes, participen en los procesos de ejecución de proyectos.
Es así como la Administración debería ofrecer apoyo académico gratuito a los alumnos de estos establecimientos con la necesidad que estos se fortalezcan normativamente y participen activamente en el desarrollo de Valledupar. Hoy la Ley 1796 de 2016, habilitó a los alcaldes para la delegación de funciones del control físico urbano, función que el ejecutivo quiere trasladar a los gremios de la arquitectura e ingeniería, propuesta que en otras zonas del país no ha prosperado por los posibles impedimentos éticos, por lo que creo factible, encomendar esta misión a las facultades de ingeniería siempre que se hagan las inducciones pertinentes. Y esto es apenas un ejemplo, porque en materia de supervisión urbanística, el municipio necesita datos estadísticos más formales referentes al complejo manejo constructivo que debe implicar una investigación a fondo sobre el riesgo de las construcciones no sismoresistentes y sobre las implicaciones del apoderamiento particular de franjas ambientales.
El aprovechamiento potencial de la educación sería una de las posibilidades de descentralizar dicho control, hoy cuestionado por corrupción administrativa continuada. Decenas de gestiones se podrían realizar si la visión de nuestro alcalde llenara las expectativas empresariales desde el punto de la planificación, necesaria para la calidad de las obras oficiales. Pero no, no vamos a llegar muy lejos, porque la Administración no está planificando el desarrollo económico, social y ambiental de nuestro territorio, como son sus funciones. No me explico cómo le hace el alcalde para que le vaya tan bien como dice que le va, porque la verdad es que no se ve planificación por ninguna parte; solo protagonismo.