La primera en advertirlo fue la entonces contralora municipal, Mercedes Vásquez Ramírez, en el 2014. Varios lotes del municipio de Valledupar entregados en comodato estaban quedando en manos de privados.
En el informe, la contralora se refería al ‘lote de los viveros’ que el municipio había adquirido el 30 de diciembre de 1985 para construir un vivero, de allí su nombre. A cinco años del informe, la Oficina de Asesoría Jurídica de Valledupar presentó una demanda para recuperar la propiedad de 10 hectáreas ubicadas en la carrera 3, oriente de Valledupar.
“Esto nace porque los órganos de control y la ciudadanía le han solicitado al municipio para que ejerza el dominio en ese bien raíz. El propósito es que se restituya la propiedad de un bien inmueble que se conoce como ‘el vivero’, y además que se ordene el no pago de expensas por las obras que se hayan desarrollado en el bien”, explicó Miguel Rocha, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de Valledupar. En su momento, la contralora dio un plazo de 10 días al municipio de Valledupar para que decidiera el destino del ‘Vivero Municipal’. Cinco años después el lote sigue en propiedad de privados.
En el informe presentado en el 2014 por la Contraloría se aseguraba que estaba en peligro “los recursos invertidos en la compra de este lote, que a la fecha de compra tenía un valor comercial superior a los 800 millones de pesos”.
Este mismo lote, según el avalúo hecho por la Oficina Asesora de Planeación, en la actualidad alcanza un valor de 4.000 millones de pesos, cinco veces más su valor inicial.
Pero además de la prohibición a privados para construir por ser un lote público, existe una protección especial para ese terreno por estar a la ribera del río. Así lo dejó saber la entidad de control en su momento: “Estas construcciones amenazan a los recursos naturales y el medio ambiente, al intervenir negativamente áreas reservadas para la protección de la cuenca hídrica más importante del municipio como lo es el río Guatapurí”.
¿CÓMO EMPEZÓ TODO?
Para ahorrar costos en el mantenimiento del lote, la Alcaldía Municipal en periodos anteriores entregó en comodato la administración del lote a varios privados. Sin embargo, se levantaron construcciones (casas campo, quioscos, piscinas) y en un momento el municipio perdió la propiedad del lote.
“De igual modo, detectó el ente de control que existen particulares con títulos supuestamente legales, quienes habrían comprado las parcelas a personas a las que el municipio años atrás entregó en comodato. Estas personas construyeron lujosas casas de campo con kioscos, habitaciones y piscinas”, aseguró en su momento el ente de control. El propósito de la demanda es demostrar que ninguna de esas titulaciones guarda validez.
El Código Civil colombiano, en su Artículo 679, determina la prohibición de construir en bienes de uso público y fiscales: “Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión”. Según la Ley 57 de 1887 se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece al Estado.
TAMPOCO SE PAGARÁN EXPENSAS
Pero recuperar ese terreno de 10 hectáreas avaluado en 4.000 millones de pesos es solo la primera parte. Acudiendo a la normatividad colombiana, se solicitó en la demanda que el municipio no pague las expensas a las aproximadamente 12 construcciones y las mejoras del suelo que se hayan realizado en el lote. “El Código Civil es claro en advertir que cuando se realice este tipo de invasión no se deben realizar indemnizaciones”, agregó el asesor jurídico.
Sumado a este hay otros predios invadidos por privados, que según registros de la Oficina Jurídica pertenecen al municipio, por lo cual se están iniciando los estudios para entablar demandas de reivindicación, entre esos lotes se encuentra el conocido como ‘Las vaqueras’, que fue parcelado por privados.
LOS CASOS MILLONARIOS EN CONTRA DE VALLEDUPAR
En total son 24 los litigantes encargados de defender al municipio en los procesos legales que se entablan en su contra. En la reciente rendición de cuentas uno de los puntos positivos del 2018 fue la cantidad de procesos fallados en favor del municipio de Valledupar.
De los más de $23.000 millones que estaban en juego dentro de los procesos en contra de Valledupar, $21.000 millones fueron fallados en favor de la entidad territorial, lo que representa una tasa de casi el 95 % en los casos que se desarrollaron en la justicia ordinaria y especial.
Del otro lado, por los procesos fallados en contra del municipio salieron $1.200 millones de los pasivos en contingencia. Estos pasivos de contingencia son pasivos “no reales”, mejor dicho, aleatorios, destinados para las demandas en contra del municipio.
Según el riesgo, estos se califican en tres niveles. Para el riesgo bajo (pocas posibilidades de que se declare responsabilidad patrimonial en contra del municipio) permanecen cerca de $130 mil millones; $50.000 millones en riesgo moderado; y $30 mil millones en riesgo alto de que sean fallados en contra del municipio.
DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
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