El Movimiento Amplio de Mujeres del Cesar rechazó categóricamente la vinculación laboral del médico Antonio Figueredo en la clínica Alta Complejidad de Valledupar, condenado el pasado 20 de febrero a 16 años de cárcel por maltratar física, verbal y psicológicamente a su colega María Paula Pizarro en Bucaramanga en 2023. Pese a su condena, el médico fue autorizado por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bucaramanga a pagar casa por cárcel y recibió permiso de trabajar en la institución de salud de lunes a sábado y en la cual asumió el cargo de gerente médico y científico.
“Cuya acción envía un mensaje de impunidad frente a las violencias contra las mujeres. Tiene hoy la posibilidad de seguir desempeñándose en un cargo similar después que un juez le decretó la medida de aseguramiento de casa por cárcel y posteriormente le concedieran el permiso de traslado a la ciudad de Valledupar, donde se tiene conocimiento estaría laborando sin ninguna restricción”, expresó el movimiento de mujeres.
Frente a este permiso, el comité de organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres del departamento, hizo un llamado a las autoridades a que no queden en impunidad esta clase de hechos donde pese a demostrar el daño de la víctima, quien tuvo que salir del país por seguridad y haber otros incidentes de abuso (cinco casos) por parte de Figueredo hacia colegas, tenga esta libertad para ejercer cargos, cuando “representa un peligro contra la sociedad, especialmente para las mujeres que están a su alrededor”.
Este grupo de mujeres está preocupado porque los feminicidios en el país han incrementado, donde en lo corrido de este 2024 en el Cesar se han registrado seis casos, siendo el último el de Yulieidis Patricia Gámez en el barrio El Carmen del corregimiento de Guaymaral, zona rural de Valledupar.
Este comité exige que las violencias contra las mujeres cesen y los casos sean atendidos y sancionados, por ello, les exigen a las autoridades revisar la medida otorgada a Figueredo porque les generan preocupación las injusticias y violencia que día a día aumentan aún cuando la ley cobija a las mujeres, como lo dice la Corte Constitucional en las Sentencias T-878 de 2014; T012 de 2016 y T590 de 2017, en cumplimiento de normas nacionales y tratados internacionales, especialmente para “establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer”.
PLANTÓN
En rechazo de este hecho y muchos más, el movimiento de mujeres realizó un plantón la mañana de este viernes 14 de junio a las afueras de las instalaciones de la clínica Alta Complejidad, reprochando la contratación del médico y las violencias en contra de las mujeres y feminicidios. La protesta fue denominada “emergencia por violencias basadas en género y feminicidios”.
“Nada justifica la violencia contra las mujeres. Hacemos un llamado amplio a la sociedad, a la clínica y a la justicia frente al mensaje equivocado que se está enviando y la contratación de Antonio Figueredo después de haber sido condenado a 16 años por el delito de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento contra alguna de sus colegas”, dijo Angélica Arias, miembro del comité de mujeres del Cesar.
Además, Arias asegura que frente a esta designación las mujeres que están alrededor del médico “están en riesgo” y la justicia no está obrando como garante y protector, sino que está permitiendo impunidad y la mayoría de hechos a los que no se les da la importancia que merecen terminan en feminicidio.
La molestia de este gremio de mujeres también es con la clínica porque da paso a que “las personas que cometen este hecho pueden seguir su vida y sus proyectos sin importar lo que suceda con las víctimas, como en este caso que a María le tocó salir del país por amenazas”.
El Movimiento Amplio de Mujeres del Cesar asegura que en caso de no ser escuchadas harán un pronunciamiento a nivel nacional para seguir velando por la prevención de este tipo de hechos.