El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso Vanegas, dijo que el departamento del Cesar necesita salir del deshonroso puesto 18 en el Índice de Transparencia Departamental, que lo ubico en un nivel de riesgo alto, con 57,8 sobre 100. Recomienda el funcionario que la administración departamental debe hacer un esfuerzo para que los índices de visibilidad y divulgación sean mejores, teniendo en cuenta que el primero mide las condiciones institucionales para el manejo de información pública, es decir, su producción, conservación y entrega y a su vez, evalúa hasta qué punto las entidades publicaron información sobre las áreas clave de la gestión en los sitios web oficiales.
Mientras que el segundo tema significa para los entes que obtuvieron una calificación de 55 puntos en adelante que deben prestarle mucha atención a las condiciones que ofrecen los gobiernos departamentales para compartir y publicar la información, la documentación existente en la materia y la disposición de las entidades de permitir el acceso a la ciudadanía.
Este es el norte, a donde debe llegar la Gobernación del Cesar, que por ser el ente territorial que pone la cara por todos los habitantes de este departamento, necesita ser más visible y asequible a la ciudadanía.
La transparencia del sector público es un elemento indispensable en las democracias, por eso el Gobierno Nacional hace todos los esfuerzos posibles para que todas las apuestas institucionales caminen hacia allá. Por eso los pactos por la transparencia que firman los mandatarios, los espacios ciudadanos que promueven las rendiciones de cuentas a los gobernantes, los indicadores y evaluaciones que hace la organización Transparencia por Colombia.
Por eso la Comisión Regional de Moralización, que creó la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, que debe coordinar en el nivel territorial las acciones de los órganos de prevención, investigación y sanción de la corrupción. En esta Comisión tienen asiento representantes de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía General de la Nación, Consejo Seccional de la Judicatura y Contraloría Departamental, Municipal y Distrital. Son estos organismos los que deben investigar los presuntos casos de corrupción ocurridos en cada una de las regiones y así mismo tomar decisiones sobre los hechos de forma penal, fiscal y disciplinaria.
Sin embargo, esta Comisión en el Cesar nació muerta. Nunca ha funcionado. En la semana que acaba de terminar la reactivaron, tal vez porque desde Presidencia de la República jalaron orejas y porque vino a la ciudad el secretario de Transparencia, Camilo Enciso. Sea cual sea el motivo, es importante que cumplan su papel, que escuchen a la ciudadanía, que hagan control a las inversiones en las que invierten grandes y pequeñas sumas. Se aplaude la intención de reactivarla, pero de pronto se quedan sin presidente porque allí designaron al contralor Municipal, Álvaro Castilla, inhabilitado por 12 años en primera instancia por la Procuraduría. Si queremos entidades territoriales más transparentes debe haber más participación ciudadana, la figura del veedor debe reactivarse, y los organismos deben hacerse notar más.