Siguiendo los pasos del desvergonzado senador Horacio Serpa, varios líderes de las 13 organizaciones sociales del país, están reclamando al gobierno del presidente Santos un contenedor de mermelada por un monto de 250.000 millones de pesos anuales. Mientras el senador Serpa consiguió su objetivo amenazando bloquear iniciativas gubernamentales en el Congreso, los indígenas hacen lo propio bloqueando varias vías en el país.
Para nadie es un secreto que el Estado colombiano le dado la espalda durante varias décadas a la población rural de este país, pero sería un error garrafal si el gobierno cree que accediendo a estos chantajes con actos vandálicos, va a resolver los problemas del campo. Las ayudas del Estado no deben ser entregadas bajo presiones, criterios políticos y de forma arbitraria e injusta.
Los subsidios al agro deben ser para aquellos productores del campo que verdaderamente desean gestionar de forma profesional y empresarial sus explotaciones.
Cabe preguntarse ¿a dónde fueron a parar los $ 84.000 millones que el gobierno dice haber girado a los organizadores de la Minga del 2014? Sería conveniente y oportuno que la Contraloría General de la República ejecutara una auditoría fiscal a todos los proyectos productivos financiados a estas organizaciones. Merece también una indagación, los proyectos que han ejecutado esos resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesina, con los millones de dólares que han recibido de los organismos de cooperación internacional. No hay derecho pues, que con todas estas ayudas, solamente estén cosechando unas 630.000 hectáreas, de las siete millones que se cultivan en el país.
También es incomprensible que estas organizaciones sociales estén solicitando a la Corte Constitucional, declarar inexequible la ley que creó las Zonas de Inversión para el Desarrollo Rural, Económico y Social -Zidres-, porque según ellos, los baldíos sólo deben ser explotados por ellos. Un dato importante Según el censo agropecuario, estos grupos étnicos tienen adjudicadas 39.8 millones de hectáreas del territorio nacional, pero solo cosechan 639.000 hectáreas. Como dice el refrán, “Ni rajan, ni prestan el hacha”.
A cambio de lo anterior, las organizaciones sociales deberían exigirle al Gobierno Nacional que destine y ejecute los recursos de inversión que se requieren para construir las escuelas de emprendimiento rural, los centros de salud, distritos de riego, vías veredales, centros de acopio y los programas de alfabetización, titulación de baldíos, buenas practicas agrícolas, investigación, transferencia de tecnologías y acceso a crédito de fomento, en los 773 resguardos indígenas, los 181 territorios colectivos de comunidades negras y los 773 municipios rurales donde trabajan a punta de hacha, machete y azadón más de tres millones de pequeños campesinos.
Para hacer realidad esta propuesta de desarrollo territorial integral, solo se necesita la voluntad política y la determinación de los ministros de Hacienda, Educación, Salud, Vivienda y Transporte.
Y que le devuelvan al Ministerio de Agricultura el 45 % del presupuesto que le quitaron este año. Lo demás es pura Minga y mermelada.
En el tintero: Mientras la Corte Suprema de Justicia los condena y la Procuraduría los destituye, el Gobierno les sigue entregando el poder a los integrantes del movimiento político Nueva Guajira. ¡Que horror!