Al detectar presuntas irregularidades en la selección de operadores del Programa de Alimentación Escolar en el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar, la ministra de Educación Nacional, Gina Parody, solicitó apoyo de la Contraloría General de la República para investigar estos procesos contractuales.
La denuncia está relacionada con la adjudicación de los contratos de prestación de servicios de alimentación escolar en el Cesar y en su capital a la Fundación Acción Social Integral, que según estableció el Ministerio de Educación Nacional tiene el mismo número de identificación tributaria de la Fundación Kábala, a la cual en 2015 el Ministerio no le prorrogó el contrato de prestación del servicio de alimentación escolar en el departamento de Bolívar.
“Surgen múltiples interrogantes al identificar que la misma entidad a la que el Ministerio de Educación Nacional decidió no prorrogarle su contrato en el departamento de Bolívar por presuntos incumplimientos, resulte adjudicataria de manera simultánea en dos entidades territoriales. Máxime cuando la decisión de no prorrogar fue ampliamente divulgada, incluso en rueda de prensa conjunta con la Contraloría General de la República”, manifestó la ministra al contralor Edgardo Maya Villazón, a través de una misiva.
Señaló que la Fundación Kábala –hoy Fundación Acción Social Integral- fue parte del Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, que operó el programa de Alimentación Escolar en ese departamento en 2015.
“Por lo anterior, era razonable esperar que las entidades territoriales conocieran acerca de los antecedentes de la Fundación. Sin embargo, a la luz de los resultados de los procesos contractuales pareciera que el desempeño de este operador en el departamento de Bolívar no fue objeto de revisión y/o calificación”, añadió.
La decisión de no prórroga del contrato de la Fundación Kábala se tomó en atención a las reiteradas irregularidades advertidas por la Universidad de Antioquia, en su calidad de apoyo a la supervisión, y el IS Colombia, en su condición de interventor, recordó la ministra Parody.
El Ministerio de Educación transfirió al departamento del Cesar y al municipio de Valledupar los recursos para cofinanciar loa operación del programa de Alimentación Escolar en el año 2016 y –anotó la Ministra- los mismos fueron incorporados a sus presupuestos por estas entidades territoriales, que adelantaron sus respectivos procesos contractuales y concluyeron contratando el mismo proponente: Fundación Acción Social Integral.
Inquietudes sobre los procesos de contratación.
Para la Ministra, el hallazgo reportado a la Contraloría además de ser indicativo de una práctica habitual entre las entidades que suscriben este tipo de contratos, como lo es cambiar su denominación, también suscita inquietudes sobre la transparencia de los procesos contractuales adelantados por las entidades territoriales.
La titular de la cartera de Educación concluyó su comunicación al Contralor General de la República en los siguientes términos: “en atención a esta situación, y con el ánimo de garantizar la adecuada operación del programa, comedidamente le solicito el apoyo de la Contraloría General de la República en la investigación de estos procesos contractuales adelantados con el fin de determinar si se presentaron o no irregularidades”.
“Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional solicitará a todas las entidades territoriales revisar la información de sus antiguos operadores así como los del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que sea tenida en cuenta por las entidades territoriales certificadas en educación, cuando adelanten sus respectivos procesos de contratación”, puntualizó Parody.
Voz de la fundación
El representante legal de Fundación Acción Social Integral, Jorge Fuentes Sallago, manifestó que no hay irregularidades en la contratación para la alimentación escolar en el Cesar que se está ejecutando desde el pasado 18 de enero.
“No tenemos conocimiento si tenemos procesos sancionatorios como Fundación, en nuestros antecedes disciplinarios, penales y fiscales no existe ninguna inhabilidad que nos impida la celebración de contratos con el Estado. Lo que sucedió en su momento es que existió una falla en la prestación del servicio y se hizo público, pero a la fecha los contratos que se celebraron solamente fueron terminados y pagados por el mismo Ministerio”, explicó Fuentes Sallago.
Además precisó que “estamos trabajando en la implementación del programa, tenemos cinco días hábiles de haber habilitados los puntos de atención a lo largo del departamento y del municipio en los cerca de 200 restaurantes en Valledupar y cerca de 1.000 en el Cesar. Vamos en un 60% de cobertura según lo concertado, esperando que a finalizar enero estemos en un 100%”.
Con respecto al cambio de razón social, Fuentes Sallago enfatizó en que “se trata de un proceso de reestructuración, una reingeniería interna para levantar nuestra imagen, cambiarle la razón social es algo perfectamente legal, puesto que es como una marca que uno quiere impulsar o renovar. La personería jurídica sigue siendo la misma, lo que se reinventa es el nombre o marca”.
Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN