La mañana de este viernes, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, dialogó con la prensa local de Valledupar sobre su agenda en el departamento.
Aunque hizo énfasis en la recuperación ambiental de los ecosistemas impactados por la producción minera, la exconcejala de Bogotá invitó a “movilizarse para prohibir el fracking en toda Colombia y decidir como país que la vocación del suelo y la protección del agua es más importante”.
¿Cuál es el recorrido que tiene durante este fin de semana en el departamento del Cesar?
Tenemos reunión con el director de Corpocesar, el gobernador encargado Andrés Meza y movilización social a las orillas del río Guatapurí para revisar la situación de los cuerpos hídricos y escuchar a la ciudadanía para ir canalizando las inquietudes hacia los diálogos regionales vinculantes. También iremos a la Jagua y a la Loma a algunas de las minas que están ahí.
¿Ese recorrido tiene que ver con la construcción del Ecoparque en el río Guatapurí?
Sí, por Twitter mucha gente de acá de Valledupar me ha estado escribiendo desde su preocupación por el río Guatapurí y hemos venido a escuchar y a tratar de que haya una concertación al respecto porque este es un llamado también a todos los alcaldes, gobernador, y dirigentes a que tenemos que escuchar a la ciudadanía.
La imposición de obras sin que haya concertación ya no es lo que corresponde, hay que mirar si esos diseños pueden transformarse de acuerdo a esos insumos porque al final lo que queremos son obras de las que la gente se sienta orgullosa y vaya a utilizar.
¿Qué acciones se tomarán frente al contaminado río Cesar?
Están los diseños de una planta de tratamiento… Creo que frente a las advertencias, Corpocesar debe hacer un seguimiento a la calidad de esos vertimientos que le están llegando al río y junto a las autoridades sanitarias mirar realmente la situación.
Un trabajo que vamos a hacer a nivel nacional es abrir las posibilidades de tratamiento de aguas residuales porque hoy estamos concentrados en una tecnología de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero muchas de ellas no funcionan en el país porque tienen altos costos de operación y los municipios no tienen cómo mantenerlas, pero la normatividad también está atada exactamente a esta tecnología.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, le dio un plazo a las sociedades mineras para que ejecutaran un plan de manejo socioeconómico en esos territorios, ¿qué sabe al respecto?
El plan fue radicado y el jueves fue socializado por la ANLA y las mineras con las comunidades. El seguimiento que la ANLA hace cada tres meses ha hecho que la ciudadanía pueda ver el compromiso y tener la veeduría de cómo van avanzando esos planes que la autoridad ha impuesto para el cumplimiento.
¿Cuál es la posición del Ministerio de Ambiente ante el cierre de las minas de Prodeco?
Nosotros tenemos que hacer cumplir el plan de cierre de Prodeco y la sentencia de acuerdo a la tutela que pusieron las comunidades para que ese plan de cierre sea participativo porque tienen toda la razón las comunidades en eso.
Afortunadamente la ANLA ha avanzado en esos espacios de participación que generan garantías y nos disponemos a apoyar la tutela, seguramente se ratificará el sentido del fallo.
El futuro de esos títulos tendrá que evaluarse con la Agencia Nacional de Minería, concertarse con las comunidades y analizar las posibilidades posminería porque 10 o 15 años no son muchos para hacer la transición a otras vocaciones productivas y el Cesar debe iniciar ya con ese proceso porque es un departamento tan valioso paisajística y ambientalmente.
¿Qué factores medioambientales específicos le preocupan sobre el corredor minero?
Los impactos ambientales que ha tenido, es clave cómo vamos a ir hacia la recuperación y que el cierre minero vaya siendo progresivo. El sector minero que vaya siendo terminado debe empezar inmediatamente la reconstrucción ambiental.
Si esto se hace, cuando lleguemos al final de la vida útil de las minas, quedará solamente un pedazo, pero si las empresas dejan todo para el final, va a ser más complejo, tenemos que evitar a toda costa que nos vayan a quedar sitios abandonados o sin manejo y para eso también nos toca ser más claros normativamente a nivel nacional y por lo cual estamos dispuestos a trabajar.
¿Cómo se están articulando con el Ministerio de Minas para garantizar ese cierre minero responsable?
Estamos empezando el diálogo, sobre todo, frente a la sentencia en segunda instancia del Consejo de Estado donde nos ordena a los dos ministerios articularnos para la protección ambiental, lo cual me parece fundamental porque nos ordena que organicemos el territorio alrededor del agua, que definamos cuáles son las áreas protegidas de fondo en las cuales no se puede hacer minería y no nos pase lo que sucedió con el nuevo código de minas del año 2003 cuando se empezaron a repartir títulos mineros a diestra y siniestra, inclusive sustrayendo reservas ambientales.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN.
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