Por Rodolfo Quintero Romero
Cuando la violencia parece incontrolable en Valledupar y el Cesar, y la Policía se ve desbordada por la delincuencia, no sorprende que surjan voces desesperadas llamando a coger las armas y a ejercer el derecho a la autodefensa.
Craso error al que hay que salirle al paso, con rapidez y contundencia, dado los terribles antecedentes de similares llamados en nuestro pasado reciente cuyas nefastas consecuencias no son ajenas a la actual ola de violencia.
Antes de tomar las armas deberíamos recordar que no hay mayor violencia que la exclusión social a la que están condenados muchos de nuestros jóvenes por culpa de la pobreza y la desigualdad, que no se derrota con plomo sino con oportunidades de estudio y trabajo.
Para superar la anarquía social, la ley del más fuerte y dirimir los conflictos sociales, los humanos nos inventamos el Estado, cuya característica principal es el monopolio absoluto de la violencia.
La Policía y el Ejército son las instituciones coercitivas autorizadas para garantizar el orden y el cumplimiento de las normas en la sociedad, restringidas por la constitución y el respeto a los derechos humanos. Si no nos protegen, debemos exigirles que lo hagan pero nunca suplantarlas.
La violencia que sufrimos tiene diferentes orígenes: hay bandas criminales, pero también delincuentes juveniles, aficionados, producto de la falta de oportunidades, empleo, educación o víctimas de la drogadicción.
Para eliminarla no hay soluciones milagrosas o inmediatas, ni siquiera colocando un policía en cada esquina. ¿Qué esperamos, acaso, que hagan los jóvenes desempleados, con hambre y sin futuro, obnubilados por una sociedad consumista a la que no pueden entrar?
Por supuesto que la policía tiene que combatir la delincuencia, pero debe hacerlo con una estrategia diferenciada e integral. No basta con la represión. Hay que ir a las causas de la violencia. Y entender que es un asunto que nos atañe a todos.
Las autoridades civiles deben hacer realidad los derechos ciudadanos al trabajo, la salud, educación, ambiente sano, vivienda y recreación. Sobre todo controlar la corrupción que impide que los dineros públicos lleguen a los pobres.
Los empresarios, cumplir con la legislación laboral y generar empleos estables. En vez de comprar armas paguen, por lo menos, el salario mínimo a sus trabajadores y los impuestos que adeudan.
Necesitamos cultura ciudadana: respetar las normas, más tolerancia, repudiar a los corruptos, descartar los métodos violentos para resolver los conflictos, colaborar con las autoridades y acabar con el culto a la ilegalidad que tanto daño nos hace.
El Alcalde debe prohibir ya el porte de armas. Medida que una minoría rechazará y que no acabará con la delincuencia pero ayudará a reducir los homicidios, como ha sucedido en otras ciudades.
Gobernación y Alcaldía pueden, con la construcción de obras civiles, embellecimiento de barrios y organización de eventos, generar empleo para la juventud y promover actividades culturales y deportivas para el manejo del tiempo libre.
La Justicia podría ser más rigurosa en sus fallos para que sepan los violentos que no hay impunidad y que no es rentable delinquir. A los bandidos no les puede ir bien porque sus imitadores serían incontables.
No deja de ser paradójico que nos irrite más el que se roba un celular, una cartera, que el que asalta el tesoro público. A este último lo condecoramos y elegimos.
Mil cosas más pueden hacerse, menos salir armados, a lo Michín, con daga y pistolas, a correr la misma suerte del gato bandido.
@rodoquinteromer