El día sábado 22 de junio del presente año se desarrolló una mesa de diálogo social en la Universidad Popular del Cesar convocada por el Gobierno nacional y liderada por el Ministerio de Minas y Energía. También estuvieron funcionarios de los ministerios de Ambiente, Agricultura y Trabajo.
En primer lugar, es importante destacar que este espacio fue constructivo, aunque con fallas metodológicas. Durante el diálogo, se abordaron tres ejes temáticos: Transición Justa y transición de la fuerza laboral, diversificación productiva y política de reindustrialización y, finalmente, restauración ecológica y gobernanza ambiental.
El espacio estuvo caracterizado por la diversidad de voces que llegaron desde diferentes partes del departamento del Cesar, para transmitir varios mensajes al Gobierno nacional. Estos mensajes se resumen a continuación:
El primer mensaje está relacionado con el compromiso que se tiene desde el territorio para avanzar en la transición justa, que permita mitigar la crisis climática global y subsanar esas brechas asociadas con el abandono social, laboral, ambiental, económico y de salud pública en el que se ha tenido al departamento del Cesar.
El segundo mensaje hace énfasis en reiterar que somos conscientes de la urgencia de abandonar progresivamente el uso de combustibles fósiles para mitigar los impactos climáticos, pero también somos conscientes de que este proceso debe adelantarse sin que esto genere más afectaciones de las que ya se padecen en el corredor minero (principalmente en lo socio-económico) y en el resto del departamento, además, es imperativo que se reconozca que la cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos por Colombia, es prácticamente insignificante si se compara con países como China, Estados Unidos, Rusia, India o Japón; por supuesto que hay que avanzar en la Transición Justa en el país, pero no sin antes entender completamente el panorama nacional e internacional.
El tercer mensaje tiene que ver con la improvisación y la falta de planificación que se percibe actualmente dentro del gobierno nacional en lo relacionado con la construcción y ejecución de una hoja de ruta para la Transición Justa. La desarticulación institucional es posiblemente uno de los principales obstáculos para avanzar en muchos de los temas que hoy está proponiendo el gobierno al respecto y prueba de ello ha sido la falta de claridad sobre el “Pacto para la Transición Justa del corredor de la vida”, anunciado recientemente.
El cuarto y último mensaje está asociado principalmente a la participación ciudadana, como un mecanismo de gobernanza que sirva para impulsar la Transición Justa en el territorio, es decir, se debe seguir promoviendo la construcción de espacios de diálogo permanente en donde los diferentes actores relacionados -directa o indirectamente- con la temática puedan expresarse de manera libre y democrática, pero además, que sus voces sean tenidas realmente en cuenta, y sus peticiones sean incluidas en los programas y políticas públicas. Solo conociendo lo que siente y quiere la ciudadanía se puede hacer un proceso de Transición Justa con seriedad y dignidad.
Finalmente, hay que mencionar que el gobierno nacional tiene la mayor responsabilidad en convertir la incertidumbre que se tiene alrededor de la Transición Justa, en oportunidades de desarrollo y progreso para el territorio y eso solo se hace con una institucionalidad técnica y preparada para afrontar los desafíos que se presenten durante el largo proceso. Es hora de pasar del discurso a la acción para lograr las transformaciones que requiere el territorio y resolver las necesidades de la gente.
Por: Eudis De León Mendoza – Coordinador de Comunicaciones del Foro Ambiental del Cesar y miembro del Grupo de Diálogo Improbable sobre el futuro del corredor minero del Cesar.