Ayer se cumplió el primer aniversario del desarme de las Farc, en el marco del acuerdo de paz con el gobierno colombiano, que dejó inhabilitadas 8.994 armas de fuego, de las cuales 7.756 fueron entregas a Naciones Unidas y la restantes 1.238 se encontraron depositadas en distintas caletas. El desarme puso a los excombatientes en el camino hacia la reincorporación a la vida social, económica y política.
Confiamos en que el próximo Gobierno continuará con la implementación del acuerdo de paz, porque no hay que desconocer las bondades de lo pactado con la guerrilla, ahora movimiento político, pese a los reparos que hay en algunos puntos.
Durante el proceso de paz con las Farc y en su implementación se ha evitado la muerte de no menos de 3.000 colombianos, según las proyecciones del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
Pero también destacamos la importancia de las herramientas de construcción del tejido social alrededor de los temas de la implementación y desarrollo del Acuerdo Final, como lo son los siete Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia, y 26 departamentales, que ya han sido instalados por la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
La cooperación internacional sigue apoyando la consolidación de la paz en el país. El Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2019 del Departamento de Estado y Operaciones Extranjeras, que prevé US$ 391.2 millones de dólares de ayuda a Colombia durante el año fiscal 2019. En ese monto figuran 180 millones de dólares dirigidos a programas que respaldan los acuerdos de paz y otros 200 millones para estrategias contra el narcotráfico. Todos los indicadores muestran que el objetivo es no dejar morir el acuerdo.
Sin embargo, persiste la incertidumbre por lo que pueda pasar debido a las críticas del presidente electo Iván Duque y su partido Centro Democrático.
Luego de que la plenaria del Senado aprobara ayer la ley de procedimiento de Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se incluyeron dos proposiciones del Centro Democrático, se conocieron los cambios que pretende hacer ese partido, al acuerdo de paz con las Farc. La primera reforma será en la JEP, con la creación de una sala especial a donde serán llevados los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la JEP. En cuanto a la participación en política de los jefes de la exguerrilla, señala que el cumplimiento de condena por crímenes de lesa humanidad y de guerra es incompatible con el ejercicio de cargos políticos, es decir, que la representación política de estos sólo será posible cuando hayan pagado por sus crímenes.
Lo anterior demuestra lo que todos sabíamos, que el camino hacia la paz no es fácil, pero reconocemos hoy tenemos un país diferente. Según el balance del actual Gobierno, la consolidación del acuerdo de paz está estipulada para un periodo de 15 años. Por cierto, la Ley de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de los paramilitares lleva 11 años de implementación, y aunque también ha tenido fallas, indudablemente ha ayudado a que hoy Colombia sea un territorio con menos armas y menos muertos.