¡Otra vez el asunto del blindaje! En esta ocasión, por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional, que, hay que decirlo con respeto, pero afirmarlo, atenta contra la soberanía popular, vale decir, contra el corazón del sistema democrático. No crean que se trata de una exageración.
Es, apenas, un esfuerzo para resumir, de la manera más sencilla posible, el verdadero significado de la providencia del alto tribunal, que, a decir verdad, le deja a la posteridad un mal legado. Y todo por actuar como una especie de banderillero del poder ejecutivo, que no ha tenido límite alguno en su empeño obsesivo de imponerles a los colombianos el acuerdo Santos-Timochenko. Es imposible describir de otra manera lo que ha sucedido.
Los magistrados resolvieron declarar exequible la incorporación de dicho acuerdo al bloque de constitucionalidad, decidieron elevarlo a la categoría de política de Estado, y la convirtieron en pétrea durante los tres próximos períodos presidenciales.
Lo anterior significa que los pronunciamientos populares durante doce años carecerán de valor, porque, según el ingenio de los nueve juristas, ya todo le quedó resuelto a Colombia, y los próximos presidentes deben, simplemente, dedicarse a la tarea de desarrollar el contenido de lo suscrito. ¿Cómo les parece? Sencillo, no.
En los tiempos que corren, una corte piensa que puede atribuirse el poder de acabar con la voluntad soberana del pueblo, como si se tratara de un juego de niños sin consecuencias.
Todo esto obedece a la peligrosa práctica, que se volvió costumbre en nuestro país, de jugar con la institucionalidad existente, porque la paz está por encima de todo. No importa que no se haya negociado la paz, que el acuerdo no sea de paz, que no tengamos paz.
Esos son asuntos menores, de conformidad con lo que consideran, dicen y hacen los arquitectos del nuevo pensamiento constitucional y democrático. Según ellos, hay que avanzar, sin importar los destrozos que hagan durante la marcha triunfal que los puso a todos a cantar y bailar, al unísono, la música de lo que siguen llamando paz.
Por eso proclaman, en la misma forma falaz, que lo firmado se convierte en obligación para el Estado colombiano, toda vez que radicaron los papeles en Berna y en las Naciones Unidas.
No les interesa que esos dos pasos carezcan de significado a la luz del derecho internacional público, como tampoco los frenó la inexistencia de la potestad de refrendar acuerdos suscritos por un presidente y un grupo armado ilegal en cabeza del Congreso.
Llevaron las páginas al parlamento, y este, sumiso y satisfecho con la “mermelada” que recibió a manos llenas, dizque refrendó la obra de Santos y Timochenko. Ya atropellaron, hicieron lo impensable, y dicen, en voz alta, que todo quedó blindado. Se equivocan. Nada de lo que buscan petrificar es intocable, ni inmodificable.
La fuente de todos los poderes públicos, que es el pueblo, sigue siendo el titular de la capacidad de decidir, dar mandatos y resolver. Eso es lo que hará en el 2018, independientemente de las fábulas que se inventaron para imponer, a la brava, lo que el constituyente primario rechazó el 2 de octubre de 2016.
Por Carlos Holmes Trujillo