EL PILÓN conoció que existe una alerta de la Defensoría del Pueblo que advierte el riesgo inminente sobre la población de Media Luna, corregimiento del municipio de San Diego, por los reiterados hechos de violencia que ha perpetrado al parecer la guerrilla de las Farc en mayor medida, sin descartar también al Eln.
Es preocupante que esto vuelva a ocurrir por ese corredor agrícola de la Serranía del Perijá en el Cesar, porque con ello vuelve a complicarse la seguridad de las comunidades campesinas de una zona que es considerada despensa agrícola del departamento.
Es clara la alerta de la Defensoría a las autoridades, que hace mediante el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), organismo que documentó suficientemente los hechos que desde enero vienen ocurriendo en esta zona cesarense, que van desde homicidios, amenazas, desplazamiento y presión a la comunidad.
La mayor preocupación se centra en los vecinos de la Subestación de Policía, que ya fue blanco de una granada el pasado 25 de agosto, que aunque no dejó víctimas, si revivió el miedo en la comunidad, pues se rumora que el principal objetivo de la guerrilla es este centro de policía.
Media Luna, que queda a escasos 14 kilómetros de San Diego, a donde se llega por una vía recién pavimentada que tiene contentos a los pobladores porque mejoraron su vía de acceso, sufrió en el pasado el rigor de la violencia, especialmente de grupos paramilitares. Masacres, desplazamientos y desaparecidos fueron los hechos que los marcaron y los que creían habían dejado atrás.
El llamado de la Defensoría del Pueblo debe ser atendido con urgencia para “que las autoridades adopten medidas de prevención de posibles violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario” y no dejar a los más de 5.500 habitantes de este corregimiento a merced de los violentos.
Urge entonces que la Gobernación del Cesar y la Alcaldía Municipal de San Diego convoquen una sesión ampliada del Comité de Justicia Transicional, escenario propicio para analizar esta delicada situación. Lo mismo que la Unidad de Víctimas y las otras entidades y organismos de seguridad del Estado que también deben reforzar su trabajo en esta zona.
No se puede dejar que los violentos vuelvan a acorralar a los cesarenses, menos cuando el país está inmerso en un proceso de paz que puede poner fin al conflicto armado con la guerrilla de las Farc para comenzar a construir la Colombia equitativa que todos queremos. ¡Basta ya!