Recientemente, el columnista de este diario, Aquilino Cotes, denunció la posible firma de un contrato por parte del burgomaestre de los vallenatos, cuyo objeto social sería un estudio socio económico del municipio, por un valor cercano a los $1.400.000.000 (mil cuatrocientos millones de pesos) pese a que, según el columnista, hace un poco mas de un año la administración anterior había hecho lo mismo por valor de $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos). Por la gravedad de la denuncia, este diario ha querido hacerle eco a esta advertencia pública a fin de que el alcalde Fredys Socarrás se manifieste sobre este propósito que de ser cierto no encontramos pertinente ni coherente con la situación financiera del municipio. Somos guardianes de la cosa pública y esperamos alguna respuesta del mandatario. En principio nos negamos a creer en esta especie porque sabemos que el alcalde es un hombre de criterio y, por lo que hemos observado, no está dispuesto a dilapidar las arcas del ente territorial, pero no debe quedar en el aire esta acusación. Todos los actos de un mandatario deben ser creíbles para que la gobernabilidad le abra senderos. Los actos administrativos deben tener una lógica, como todas las cosas, y un estudio de esta naturaleza debe preceder al plan de desarrollo que ya fue presentado y aprobado, a menos que se crea que este haya sido elaborado sobre bases inapropiadas. Además, este tipo de estudios cae dentro de las investigaciones blandas que no requieren mayores costos en su realización, consistente en recopilación secundaria que ya existe dispersa en varias instituciones públicas y privadas del municipio y/o en algunas del orden nacional. Solo algunas, las que falten, son investigación de campo y deberían ser recolectadas por el grupo investigador. Eso no vale tanto. Casi todo el trabajo es de escritorio. Entendemos que el alcalde quiera tener nuevas bases para gobernar, y eso debería tenerlo el municipio, actualizándolo cada año, pero de sorpresa, sin una buena justificación, no se debería dar ese paso que se presta para especulaciones; los contratos sobre prestación de servicios están muy cuestionados. Parodiando una sabia frase podemos decir: no hagamos cosas malas que parezcan buenas. En un ambiente en el cual respiramos actos fluidos de corrupción, hay que ponerle filtro a la nariz. Si el señor alcalde desea realizar este tipo de trabajos, es preferible que haga una convocatoria pública para comparar propuestas de contenido y de costos. Pero lo mas económico es que se contrate, a término fijo, un grupo interdisciplinario de tres o cuatro personas conocedoras del tema, para que aborden el estudio pretendido. Para tener una idea acerca del valor del hipotético contrato, algunos referentes obligados son: para el 2012, los gastos administrativos del Concejo de Valledupar ascenderían a $1.576 millones, los de la Contraloría a $1.188 millones, los de la Personería a $1.086 millones y los gastos en cultura a $1.794 millones. Además, la cifra del supuesto contrato equivaldría al 5% del déficit fiscal del 2011. Alcalde, el palo no está para cucharas y así se libraría de las sospechas que siempre están presentes y acechando al servidor público. Ojalá el columnista esté equivocado.