Ayer 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En Colombia, cuya Constitución Política la proclamó Estado Social de Derecho hace más de 23 años, los derechos humanos son más utopía que realidad.
A pesar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1948, pareciera, que tal proclamación en nuestro país y en todo el mundo es un mero formalismo de papel, que poco o nada se respeta y cuando lo cumplen hay intereses de por medio, esta es la realidad monda y lironda de la humanidad.
En nuestro país el derecho a la vida es una quimera debido a la inseguridad, que por múltiples factores el ordenamiento jurídico no es capaz de controlar, uno de los motivos es que generalmente hay miembros de la fuerza pública involucrados, no sólo en la delincuencia común sino en la organizada, que son un peligro permanente para la sociedad.
A la gente la atracan y hasta la matan cuando se opone, en condiciones de total indefensión, ya que la ciudadanía es apática con lo que le ocurre al vecino o al transeúnte. Si las víctimas salen vivas y ponen denuncias, las autoridades las someten a interrogatorios habitualmente capciosos y bochornosos, por lo cual es preferible no denunciar o delatar, porque además queda la amenaza de los victimarios o de sus cómplices.
Se sabe que todos los policías y jueces o fiscales en todo momento son presionados a cometer irregularidades; es decir, todos los representantes de las autoridades están expuestos al chantaje para que violen las normas de convivencia, por tanto, no se puede ignorar que si son inflexibles a la extorsión de criminales ponen en riesgo sus vidas o la de sus seres queridos, ante tan peligrosa situación, lo recomendable para conservar la dignidad es cumplir la exigencia intimidatoria sin recibir dinero ni ninguna dadiva a cambio, de lo contrario, todo el que acepte pago se convierte en vasallo de los delincuentes, que en adelante seguirán dándoles órdenes para que actúen a favor de la delincuencia.
En nuestro país lo habitual es que todos los que tienen poder se creen con más derecho que los demás, sobre todo si son adinerados ya que todo lo pretenden comprar con su dinero. Lamentablemente un gran porcentaje de las autoridades se pliegan a sus caprichos con el propósito de recibir la respectiva recompensa. Lo grave es que este hábito cada día lo adquiere más gente.