Este viernes, en la capital del Cesar, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, expuso la reforma al Código General Disciplinario, la cual fue ajustada por la Ley 2094 del 2021, que otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría como titular de la potestad disciplinaria y vigilante de la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas.
Además: “Consagra un sistema mixto (escritural y verbal) para la investigación y el juzgamiento disciplinario y fortalece las garantías procesales, entre ellas la doble instancia y la doble conformidad”, subraya la Ley de la República. Este nuevo modelo, según Cabello Blanco: “Tiene una ruta de acción clara para un derecho disciplinario mucho más efectivo, más garantista e independiente del derecho penal”.
Esta reforma empezó a regir el 30 de marzo de este año y se generó, principalmente, por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena separar funciones.
EL DERECHO DISCIPLINARIO
Es importante recordar que el derecho disciplinario es una rama esencial al funcionamiento del Estado que tiene como objetivo: “Regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para aplicarlas”, define la entidad citada.
Otro punto a destacar de la sesión de este viernes es que la Procuraduría ahora tiene el deber de poner en función una nueva sala de juzgamiento para funcionarios de elección popular.
En el recinto pedagógico también estuvo el cesarense Edgardo Maya Villazón, exprocurador general de la nación y excontralor general de la república. Maya Villazón se refirió a la evolución del control externo en Colombia, con relación a las diferentes revisiones técnicas que se han hecho en la Procuraduría General de la Nación.
En el seminario también intervinieron: Silvano Gómez, viceprocurador general de la nación; Esiquio Manuel Sánchez, procurador delegado para asuntos en Moralidad Pública; Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado en Derechos Humanos; Rocío Araújo Oñate, consejera de Estado, entre otras personalidades.
POR ANDREA GUERRA / EL PILÓN.