Las directivas de la Universidad Popular del Cesar se muestran preocupadas debido a la millonaria sanción que debe pagar esta institución, como consecuencia de los fallos judiciales que se profirieron en su contra que, según Jesualdo Hernández Mieles, rector del alma Mater, “son consecuencia de errores cometidos en el pasado”.
Despidos masivos de funcionarios de la institución, que fueron ordenados por anteriores rectores, obligan a la Universidad a pagar más de seis mil millones de pesos por concepto de condenas judiciales, además de reintegrar a los afectados a sus respectivos cargos.
“Es cierto que cada sucesión de rector implicaba incorrectamente el retiro, desvinculación o insubsistencia de personal docente y administrativo, a vox populi se asumió como una errónea política sistemática. Esto condujo a que los afectados formularan masivamente demandas, no solo para que se les reintegrara sino para que se les establecieran sus derechos económicos”, expresó Hernández.
De esta manera, el rector explicó que la mayoría de los fallos adversos se han proferido en la actual administración de la UPC, pero que los procesos judiciales venían tramitándose en los juzgados administrativos desde antes de su posesión en el cargo. Dijo que dichas condenas se debieron a la falta de motivación de los actos administrativos de insubsistencias, hechos por las administraciones anteriores.
“Nos corresponde cumplir con los fallos judiciales, no solo en punto de reintegro, sino en el pago de las condenas millonarias que afectan el flujo de caja de la Universidad. La defensa judicial ha sido multiactiva y se trabaja para que los operadores judiciales utilicen en sus fallos la figura de la compensación económica frente a los reintegros. Esto no ha sido fácil y desde luego que se ejercen y se ejercerán las acciones de repetición contra los servidores responsables a que haya lugar”, puntualizó Hernández Mieles.
Además de las sanciones económicas, la actual administración de la Universidad afronta otra delicada situación, pues los reintegros obligan a la desvinculación de las personas que ocupan el cargo en la actualidad. “Lo más triste es que estas personas, desvinculadas por causa de los reintegros, de manera incomprensible piensan que malamente se repiten los comportamientos del pasado, cuando solo nos corresponde cumplir con los fallos judiciales”, dijo el rector.
Hernández Mieles, mostró su preocupación tras considerar que “la misión académica de la UPC se pervierte cuando se concentra su deficitario presupuesto para atender el pago de condenas judiciales que tuvieron como referente fáctico la política de desvinculación que tanto daño económico le ha causado a la institución”.
La actual administración de la UPC inició en el 2011, en ese año pagó por concepto de condenas judiciales y reintegro la suma de 774.991.701 pesos; en el año 2012 canceló 2.289 millones 368 pesos; en el 2013 la Universidad ha pagado hasta la hecha 1.010 millones 638.632 pesos; lo que da un total pagado de 4.074 millones 816.701 pesos, pero para este mismo año, está pendiente el reintegro de 22 funcionarios que le valen a la institución 2.022 millones 356.617 pesos; es decir, que el monto global por pago de condenas judiciales en los últimos tres años es de 6.097 millones 173.318 pesos.
De esta manera, el rector Jesualdo Hernández, manifestó que los 22 reintegrados pendientes y el pago de dichas condenas judiciales, fue un tema expuesto ante los miembros del Consejo Superior Universitario, quienes lo autorizaron para darle estricto cumplimiento a las sentencias judiciales proferidas por los juzgados respectivos.
Por Freddy Oñate Acevedo
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