Por: Imelda Daza Cotes
La minería extractiva es, además de un problema económico y ambiental, un asunto político de gran trascendencia por cuanto implica tomar decisiones que comprometen a veces la integridad del país y afectan siempre la vida de los ciudadanos. La minería del carbón en La Guajira y en el Cesar amerita un cuestionamiento serio; el extractivismo depredatorio va dejando, por ahora, escasos beneficios y muchos lastres. ¿A qué modelo de desarrollo le apunta el otorgamiento de Licencias a granel?. A qué obedece el afán desbordado de permisos de explotación por parte de particulares y del gobierno por adjudicarlos?. Todo a espaldas de una población que, en actitud por demás sumisa, se limita a esperar lo que venga.
La opinión ciudadana no cuenta. Los pobladores se enteran cuando todo está decidido. Ellos, que tendrían todo el derecho a beneficiarse de los recursos con los que la naturaleza los dotó, terminan desplazados, engañados, ilusionados con espejitos de bienestar y conformes con las migajas que les llegan a través de las regalías, buena parte de las cuales termina en los bolsillos de los funcionarios encargados de administrarlas y de sus testaferros. Es así por la debilidad institucional de la región, por la falta de control político, fiscal y administrativo.
Tanto se habla en los círculos académicos y en algunas esferas gubernamentales de desarrollo sostenible y sustentable. Conviene preguntar al Ministerio del Medio ambiente, ¿qué modelo inspiró la política minera?; ¿Cuáles son los estudios de impacto ambiental de la minería a cielo abierto? ¿Quién los hizo?; ¿Qué recomiendan?, ¿Quién vigila? El debate es necesario y la participación ciudadana es conveniente. Lo contrario es aceptar las imposiciones del gobierno, de las grandes corporaciones y sobre todo de las empresas transnacionales que en nombre de un falso desarrollo y del afán inversionista andan desaforadas escarbando el último rincón para extraer, como sea, el carbón. Ya empiezan las denuncias por la concentración de títulos mineros en pocas empresas y/o personas y por la falta de rigor técnico en el análisis de la capacidad operativa y económica de los favorecidos con las licencias.
Desde luego, el apetito por los carbones colombianos es más que justificado, porque son los mejores del mundo, son minerales limpios, poco contaminados y de alto valor energético; así lo dicen los compradores y así lo anuncia en su página web la transnacional brasilera MPX a la que le fueron adjudicadas 62.200 hectáreas en La Guajira; son tres minas a cielo abierto: Cañaverales, Papayal y San Benito y otra mina subterránea en San Juan del Cesar. Las reservas probables alcanzan a 1.740 millones de toneladas. El propietario de la empresa ha dicho que los activos de estas minas son de un valor inestimable, pero lo ha calculado entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Es tan prometedor el negocio que MPX abrirá el capital de la mina en las bolsas de Sao Paulo, Londres y Bogotá y aspira a recaudar con la venta de acciones entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. La producción se estima en 25 millones de toneladas anuales a partir de 2.012, cifra que crecerá hasta 35 millones en 2.015 y se duplicará a partir de 2.020. Con el volumen de reservas anotado tienen para muchos años de buenas ganancias. Es bueno manejar estas cifras para compararlas luego con las regalías que percibirán el departamento y los municipios y entender qué clase de negocios hace el Estado colombiano, en nombre de los guajiros.
La Guajira es el primer productor de gas y de carbón en Colombia desde hace varias décadas. Sin embargo, su PIB per cápita es inferior al promedio nacional y descendió notoriamente en la década del 60 cuando aumentaban las regalías; es un departamento con una deuda pública elevada y sus tasas de cobertura en salud y educación son inferiores al promedio nacional. Los encadenamientos productivos que generan las explotaciones carboníferas son pocos y limitados. El desempleo es muy alto y el contrabando, sobre todo el de gasolina, sigue siendo una importante fuente de ingresos para la mayoría de los hombres jóvenes. El desempeño de La Guajira ha sido muy pobre. La debilidad institucional, la corrupción administrativa y la ineficiencia en el empleo de las regalías, son factores que afectan severamente a los habitantes de este pedazo de la patria.
Nadie puede oponerse a la explotación de los recursos naturales ni pretender limitar la inversión nacional o extranjera. Pero tampoco puede permitirse que todo esto se de, como hasta ahora, a costa del deterioro ambiental y en perjuicio de la mayoría de los habitantes de la región. Urgen muchas rectificaciones y la acción ciudadana es vital para adelantar ese proceso.
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