En admirable acto de control político, mi compañero de bancada, el diputado Ricardo ‘Quintín’ Quintero, denunció públicamente un posible sobrecosto en la compra de las ayudas alimentarias en medio de la emergencia social, acto que de confirmarse comprobaría que en el departamento del Cesar se mantiene el cartel de la felonía.
Digo que se mantiene porque ya estaba probada su existencia, recordemos que en 2018 fueron condenados dos secretarios de despacho del primer gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, dirigido a los niños y niñas más vulnerables, precisamente por sobrecostos en su contratación.
Felón, porque como lo señaló en un pronunciamiento judicial del año 2019 la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que se surte contra el gobernador Monsalvo Gnecco, en auto del 12 de diciembre de 2019, “existe aprovechamiento de la condición de marginalidad e ignorancia para así alcanzar el favor interesado de los electores, merced a la prebenda corruptora”.
Este no es, entonces, un hecho sin precedentes en el Cesar, podría ser la reincidencia de un gobernador sub judice, y una práctica legitimada por aquella parte de la sociedad que consiente que los gobernantes “pueden robar, siempre y cuando hagan algo”; que no le parece relevante que un candidato prometa al desvalido ocupante de invasión “mantenerlos quieta y pacíficamente” a cambio de votos; o que hay que aplaudir la entrega del hospital, aunque haya costado dos veces su presupuesto; hay que aplaudir la entrega del estadio aunque su calidad esté lejos de la esperada; hay que conformarse con la entrega de mercados sobre costeados o incompletos, ya que aun así, “es mejor eso que nada”, es decir, validar en todos estos casos la mala costumbre de quien administra lo ajeno como si fuera de él.
Qué doloroso que lleguemos a este lamentable grado de conformidad que no es nada más de ciudadanos del común, sino de la clase dirigente que no reprocha ni sanciona, y que cohonesta con la felonía esperando que una parte de lo robado, de alguna manera les toque.
Qué vergonzoso que mientras muchos ciudadanos, en silencio, utilizamos de nuestros recursos para brindar ayudas al necesitado, mientras cadenas de ciudadanos del común se unen en pro de hacer colectas para llevar ayudas a los sectores vulnerables, resulta que quienes manejan el recurso público y teniendo la obligación constitucional y legal de administrarlos con principios de transparencia y eficiencia, hacen todo lo contrario: contratan de manera tal que puedan quedarse con una tajada de lo contratado, para seguirse enriqueciendo y llenando sus bolsillos sin fondo, en una verdadera demostración de su más ruin codicia.
Pero una gran parte del pueblo cesarense hoy se expresa pidiendo investigaciones serias y resultados prontos. Enhorabuena la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General que anunciaron investigación especial para el Cesar. Y como siempre, nos quedamos esperando que el contralor departamental se pronuncie.
Aunque claro, creo que nos quedaremos esperando, el contralor nada puede hacer, pues como lo advertí durante su proceso de elección, no está designado ahí para controlar sino para facilitar y cuidar que el trámite felón siga su curso. El contralor tiene el impedimento moral de actuar en contra de su propia familia que lo puso ahí a través de sus diputados aliados.
La pandemia de la corrupción es peor que el coronavirus. En China, en Indonesia, en Corea o en Singapur, la combaten con pena de muerte. En Inglaterra, en Emiratos Árabes y en Alemania con la confiscación de los bienes y con 20 años de cárcel.
En Colombia también tenemos en nuestro ordenamiento jurídico suficientes instrumentos para combatir los carteles de felonía, pero se requiere la decisión y acción fuerte de todos los ciudadanos para que con nuestra sanción social conminemos a los órganos de control a utilizarlos. ¡Vamos todos con mano dura contra la felonía!
PD. Gobernador: no nos amenace con pataletas, que usted no está repartiendo lo que es suyo.