Manifestamos nuestra preocupación por los varios ataques a buses de servicio público, a sus pasajeros, y a otros bienes públicos y privados de Valledupar por parte de vándalos en moto, según se ha dicho, en protesta en contra de la Policía Nacional, su seccional de Tránsito, que continuamente hace controles de seguridad y movilidad.
Rechazamos los actos violentos y consideramos, como es obvio, que esta no es la forma de protestar, bajo ninguna circunstancia, y menos por el trabajo de control que hace la Policía de Tránsito en el municipio.
El tema tiene mucho de largo como de ancho. Insistimos en que cualquier inconformidad por las labores de la fuerza policial, que por supuesto tendrá sus errores, debe confrontarse con las vías del diálogo y los mecanismos constitucionales que como ciudadanos podemos utilizar.
Pero, ¿qué hay detrás de estos ataques? Parecen prácticas de una delincuencia no tanto espontánea, en sumo maliciosa, pues la queja que tienen contra la Fuerza Pública la descargan en el transporte público. Este acto vandálico tiene, como mínimo, mucho de primitivo e intolerante.
Pero de ser cierto que la ira y la sinrazón de estos actos obedecen a inconformidades con el alto índice e inmovilizaciones de vehículos por parte del Tránsito, es hora de que el Gobierno comprenda que la estrategia, basada en el fundamento del Código Nacional de Tránsito, parece no estar persuadiendo a los ciudadanos de ponerse al día con documentos, y sí por el contrario está aumentando la ira y la incomprensión. Seamos más claros aún: las normas son para cumplirlas, pero en Valledupar es insólito que unos decretos municipales sobre parrillero, sector centro, no motos los miércoles, no inmovilizan más que la solicitud de documentos.
¿Es Valledupar más difícil que otras ciudades de la región en ese sentido? ¿“La letra con sangre entra”? Pues el parqueadero municipal sigue llenándose, las inmovilizaciones están al orden del día y los motorizados se siguen enfrentando a golpes y ahora causando disturbios por defender “su derecho” a movilizarse sin documentos por circunstancias reales como la falta de empleo y transporte. Insistimos, las inmovilizaciones no son tantas por transporte ilegal como lo son por no portar documentos. Las cifras lo pueden demostrar.
Entonces, ¿cuál es el método para frenar la ola de vandalismo, concientizar a la ciudadanía de unas normas que tienen años de vigencia…? Le preguntamos definitivamente a los gobiernos nacional, departamental y municipal, ¿cómo podemos aportar a una solución? Los actos lamentables de los últimos días son apenas la chispa de una bomba de tiempo social.
Finalmente unas realidades: la ciudadanía no se quiere poner al día con sus documentos, porque son “muy caros”, porque es reacia a acatar las leyes, y todo el tiempo tiene una excusa… La Policía Nacional debe ajustar con urgencia este asunto de los uniformados sin habilidades sociales para tratar a los ciudadanos y por supuesto seguir depurando a la institución de funcionarios corruptos… El gobierno municipal parece mirar de brazos cruzados la situación y solo sale a apagar incendios cuando están provocados, aunque felicitamos la iniciativa ‘El Tránsito en su Comuna’, que gota a gota ayuda a los motorizados a encontrar formas de ponerse al día. Insistimos, el tema es de tamaño nacional.
Mientras tanto, ¿quién le responde a los transportadores por los daños y quién le responde a la ciudadanía que exige un mejor servicio de transporte público?
Necesitamos respuestas. EL PILÓN se vincula para construir soluciones.