Por presuntamente haber firmado un documento y comprometerse a no retirar invasores en cierta área de Valledupar, el alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía será culpado por la Fiscalía quinta seccional.
El ente investigador pidió audiencia para proceder a la formulación de imputación de cargos como presunto responsable de los delitos de corrupción al elector e invasión de tierras o edificaciones.
La diligencia judicial está pactada para este martes 24 de octubre, a partir de las 10:00 de la mañana, en el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Garantía, ubicado en el Palacio de Justicia de la capital cesarense.
Por este hecho está vinculado además el exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a quien el fiscal décimo delegado de la Corte Suprema de Justicia imputó los mismos cargos en enero pasado.
Ramírez Uhía rindió versión libre ante la Fiscalía en junio, teniendo en cuenta que este proceso se basa en la presunta comisión de los delitos de corrupción al elector e invasión de tierras, porque en 2011 cuando era candidato por primera vez a la Alcaldía de Valledupar, supuestamente habría pactado no desalojar a las familias que se habían asentado irregularmente en predios privados, especialmente Tierra Prometida, a cambio de obtener el respaldo en las elecciones que dieron como ganador finalmente a Fredys Socarrás Reales.
El actual alcalde de los vallenatos, según la Fiscalía, no solamente habría pactado no desalojar, sino construir soluciones de vivienda para los invasores en caso de llegar al palacio municipal.
El ente acusador basa su investigación en que a pesar de que Ramírez Uhía no alcanzó el propósito de ser alcalde, suscribió compromisos previos que quedaron plasmados en dos documentos que fueron autenticados en la Notaria Segunda de Valledupar.
Los dos acuerdos fueron firmados en septiembre de 2011, el primero con los invasores de la finca Sabana 1, propiedad del mayor(r) Alberto Pimienta, donde se formaron los asentamientos ilegales Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Guasimales, ubicados en el noroccidente de la ciudad. En este documento Augusto Ramírez Uhía fijó con dichas comunidades incluirlas en su programa de gobierno con la construcción de más de 2.000 viviendas dignas a cambio de que votaran por él. El otro fue acordado con los invasores de lo que se conoce como Tierra Prometida.
En el predio, que está a nombre del arquitecto Óscar Guerra Bonilla, habitan más de 800 familias de las cuales, según la Fiscalía, por lo menos dos integrantes de cada familia eran mayores de edad y tenían capacidad para votar en las elecciones de 2011.
En su más reciente encuentro con la Fiscalía en audiencia para rendir versión libre, el mandatario hizo una exposición que permitió contextualizar al fiscal del caso sobre todas las situaciones que se presentaron en 2011 y que se desconocían algunas sentencias que se habían proferido por el Juzgado Segundo Civil del circuito de Valledupar, y confirmadas por el Tribunal Superior en junio de ese año.
En el caso de Luis Alberto Monsalvo, la Fiscalía menciona que “se comprometió a mantenerlos quietos y pasivamente en el inmueble en la que estaba en curso la invasión ilegal, acatar de manera prioritaria las sentencias de los diferentes juzgados de Valledupar que ampararan los derechos fundamentales a la vivienda digna de los ocupantes de la invasión y por último, incluir a los invasores en los proyectos de construcción de viviendas dignas requeridas en ese sector”.
Los cargos por los delitos de corrupción al sufragante implicarían una pena de prisión entre 48 y 98 meses y multa de 133 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El de invasión de tierras en calidad de coautor tiene una pena de prisión de 32 a 90 meses.
En el documento entregado por los líderes invasores se hace referencia a que Ramírez Uhía se comprometió con la comunidad de los barrios subnormales Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Guasimales para incluirlos en su programa de gobierno en la construcción de 2.500 viviendas para estos sectores marginales a cambio de que sus integrantes votaron por él en los comicios electorales.
Por Carlos Mario Jiménez
Carlos.jimenez@elpilon.com.co