Con la finalidad de exigir que acabe la tercerización de los servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que se contrate a las madres como trabajadoras oficiales, que haya derecho a una pensión digna, además de la exigencia de una minuta de alimentación adecuada que logre garantizar la nutrición conveniente a la primera infancia y a madres gestantes, decenas de madres comunitarias continúan protestando frente a los distintos centros de Gobierno de los municipios del Cesar.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro, anunció que aceptaba la renuncia de Concepción Barracaldo Aldana, ahora exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Barracaldo había sido cuestionada por su falta de experiencia en temas de infancia y su cercanía con la esposa de Petro, Verónica Alcocer.
“He aceptado la renuncia de la directora del @ICBFColombia. Asumirá su cargo Astrid Cáceres, profesional en Pedagogía y Ciencias Sociales, con maestría en educación y desarrollo comunitario”, trinó Petro.
Inmediatamente, la nueva directora, Astrid Cáceres, quien cuenta con gran bagaje en temas de infancia, respondió diciendo que es “un honor servir a materializar los sueños de un país para las niñas y los niños. Gracias por abrir la oportunidad de hacer realidad el cambio”.
Frente a los plantones de las madres comunitarias en el País, Cáceres, en otro trino, dijo también que “ninguna mujer debe pasar la noche en la calle por reclamar sus derechos. Continúa la mesa de trabajo con las madres comunitarias y si lo requieren sugiero a los centros regionales o zonales abrir sus puertas para que puedan dormir bajo techo. Igual la sede nacional”.
Se espera que estas modificaciones conduzcan a lograr acuerdos con las madres comunitarias que, en el Cesar, siguen en pie de lucha, bajo las directrices del Sindicato Nacional de Trabajadoras (es) al Cuidado de la Infancia y Adolescentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Sintracihobi.
“Protestamos por el aumento de los alimentos de los niños y niñas, dotación que hace mucho tiempo no se ha entregado a los hogares comunitarios, bono de vejez digno para nuestras madres comunitaria de la tercera edad y contratación directa con el Estado”, sostuvo Elis Araújo, madre comunitaria.
Por su parte, Venancia Mendoza, madre de hogar FAMI, que atiende a madres embarazadas y niños menores de dos años, exige que “se restablezcan los derechos a una buena alimentación y nutrición de los niños y a una pensión digna para las madres comunitarias de más de 57 años. Adicionalmente, nosotras, las madres fami, estamos recibiendo unos mercados muy deficientes para los niños de entre 7 y 11 meses. Esta lucha es de largo aliento. Este año ha sido más difícil porque los productos de la canasta familiar están muy caros”, declaró.
Agregó, además, que “en Bogotá se ha venido hablando con la directora del ICBF. Hay tres puntos en los que se ha estado de acuerdo, pero no se ha firmado nada. Lo que nos dicen las líderes del paro es que debemos seguir en pie de lucha”, precisó Mendoza.
Finalmente, desde la oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Valledupar, se asegura haber establecido puentes de diálogo con las madres comunitarias.
“Recibimos a un grupo de madres comunitarias con el fin de aclarar sus inquietudes referente a temas de puntaje del sisben, tema que finalmente quedó claro con la intervención y explicación de la directora de dicha entidad. Además, dialogamos sobre un proyecto de dotación importante que la Administración desarrollará a favor de este sector”, sostuvo Karen Estrada, jefa de Gestión Social.
Dijo, también, que se acordaron mesas de trabajo para hacerle seguimiento a estos temas, “reafirmando el compromiso de velar por el bienestar de estas madres comunitarias que lo dan todo por nuestros niños y niñas”, puntualizó Estrada.
ALEXANDER GUTIÉRREZ/ EL PILÓN