Luego de los traspiés que han tenido las negociaciones del Gobierno colombiano y la guerrilla del Eln, con la mediación de Ecuador, el panorama parece aclararse luego del anuncio del grupo subversivo de liberar el próximo 2 de febrero al excongresista chocoano Odín Sánchez. Esta liberación era una condición que impuso el gobierno Santos para avanzar en el proceso de paz.
Si el Eln cumple, cinco días después de la liberación, en la ciudad de Quito, se abrirá la fase pública de negociaciones que buscan poner fin al conflicto que mantienen desde hace 52 años.
La cúpula del Ejército de Liberación Nacional, como se denomina la segunda guerrilla más grande de Colombia, después de las Farc, parece haber entrado en razón al ceder con el caso de Sánchez, secuestrado en abril pasado en el departamento del Chocó, luego de canjearse por su hermano Patrocinio, quien permaneció en manos de la insurgencia durante dos años y medio.
El secuestro es una de las peores prácticas de guerra y con el inicio formal de los diálogos habrá una oportunidad para que todos los que aún son mantenidos en cautiverio sean regresados al seno de sus hogares, que este grupo entregue las armas, que cese esta y todas sus acciones de beligerantes en las diferentes regiones del país.
Hay que aprender de los errores de las negociaciones de La Habana, para que la mesa en Quito sea más ágil y se concreten acuerdos que convenzan a los colombianos, que les hagan creer en una verdadera paz estable y duradera.
No será un camino fácil, por lo que es fundamental el apoyo de los países garantes: Brasil, Chile, Cuba, Noruega, Venezuela y Ecuador, como anfitrión.
Mientras que luz verde aparece estos diálogos, en el Congreso avanzan los debates para la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, que indudablemente allanarán el camino para el Eln. Ayer, la comisión primera de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en primer debate el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de los diálogos.
En total se le hicieron más de 25 modificaciones al acuerdo de paz firmado con las Farc y cuyo texto contempla la creación de un Tribunal de Paz en el marco de la JEP.
Además, el acto legislativo establece la conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Santos, a pesar del Nobel de Paz y de otros reconocimientos de la comunidad internacional que destaca su trabajo para conseguir el fin del conflicto armado, en los últimos meses se ha convertido en uno de los presidentes más impopulares de Colombia. No tiene una buena imagen en su país y la oposición ha dado en el blanco con varias estrategias para robustecer esa situación, pero no hay el contrapeso suficiente para desmontar la maquinaria del proceso de paz que lidera Santos, que con problemas ha avanzado.
Creyendo en las críticos de estos procesos de paz o desestimando sus acertados o desacertados cuestionamientos, lo que verdaderamente debe importar os colombianos es que en nuestro país, algún día no muy lejano, se pueda hacer política sin armas.