En el Cuarto Congreso realizado en el 2016 se programó que para enero de 2019 se debía posesionar el nuevo cabildo gobernador de los kankuamos, que reemplazaría a Jaime Arias, pero fue éste quien de nuevo tomó el poder, completando 22 años en el cargo.
Lo que no logró en sus años más crudos la violencia de los paramilitares y las guerrillas, lo está logrando la lucha por el poder. Después de varios años de discusiones, la división dentro del pueblo kankuamo parece irreversible, una comunidad que ha luchado por preservar su identidad.
Atrás quedó la época de la guerra en la que las balas intentaron apagar sus raíces; el tiempo en los que sus asentamientos eran el centro de los enfrentamientos entre grupos armados. Tanta fue la violencia que en solo cuatro años, según datos oficiales, del 2000 a 2004, mataron cerca de 103 kankuamos. Un exterminio.
Pero sobrepasaron la guerra y trabajaron por recuperar sus tradiciones, así lo reconocen publicaciones científicas. Sin embargo, divisiones políticas están a punto de dividir a uno de los pueblos que se estableció en las estribaciones de la sierra Nevada de Santa Marta.
EL ETERNO GOBERNADOR
Son 22 años desde que Jaime Arias asumió como gobernador y representante legal del pueblo kankuamo. Muchas cosas han cambiado desde 1996 cuando fue elegido, entonces, por cuatro años.
Bajo su mandato las 12 comunidades de kankuamos lograron superar la peor época de violencia, alcanzando reconocimiento a nivel nacional desde el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas. Pero el paso de los años desgasta cualquier gobierno, y el de Jaime Arias no es la excepción.
Entre polémicas y denuncias por abuso de poder, irregularidades en las contrataciones y constreñimiento a los electores se ha debilitado, mientras que una fuerza opositora confronta su autoridad como gobernador.
Como representante legal de los kankuamos, Jaime Arias es el encargado de contratar con el Estado y entidades municipales. Lot Villazón es uno de los líderes que desde hace varios años encabeza la oposición al gobierno del cabildo.
En sus palabras, Arias se ha mantenido en el cargo por el poder que ha acumulado. “No podemos permitir que este señor que no se quiere bajar del poder, hoy esté utilizando toda su fuerza económica que acumuló todos estos años contra todos nosotros. Desapareció toda oposición con dádivas y favores, es un tirano” aseguró Villazón, quien junto a varias familias de las comunidades tienen planeado realizar una asamblea para el 21 de enero.
Como no reconocen el gobierno de Arias, acudirán a la figura de ‘Parcialidad’ para formar una nueva comunidad independiente. Según datos del Incora, el resguardo kankuamo tiene una extensión de 24.212 hectáreas y es en el pueblo de Antáquez en donde se encuentra la mayor cantidad de población, seguido por Chemesquemena, de donde es natal Jaime Enrique Arias.
En el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE del 2005, reportó 12.714 personas que se reconocen como pertenecientes al pueblo Kankuamo. En 14 años, creció el doble llegando casi al doble hasta los 24.000 habitantes. Valledupar y sus corregimientos son la casa de los kankuamos, principalmente, comunidades como Atánquez, La Mina, El Mojao, Pontón, y Río Seco.
Contrario, Jaime Arias considera que la oposición responde a cuestiones políticas. “Tiene un trasfondo político, por el tema electoral que se viene, buscando tergiversar a la opinión pública”.
LAS DUDAS QUE NACEN DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES
En el Cuarto Congreso realizado en el 2016 se programó que para enero de este año se debía posesionar el nuevo cabildo gobernador de los kankuamos, que reemplazaría a Arias. Los tiempos se determinaron para que en los primeros meses de 2017 se postularan, en los siguientes meses se tomara la decisión, y durante 2018 se realizara el empalme entre el nuevo y el antiguo gobernador. Pero los cálculos no se dieron.
Es una determinación que Lot Villazón considera injusta, el Consejo Mayor encargado de tomar las decisiones decidió aplazar el cambio de gobernador por razones que después explicaron. Primero, la muerte de uno de los sabios de la comunidad y segundo porque Jaime Arias venía ejerciendo como representante legal en casos de transcendencia.
De allí nació la decisión de independizarse y formar una parcialidad distinta que no reconoce el mandato de Jaime Arias apoyado por varias familias. Pero, ¿qué sigue después de la declaración de la posible independencia? Según Villazón, “realizarán todos los procedimientos legales necesarios para ser declarados como una nueva parcialidad indígena”. Una vez sean reconocidos, el alcalde Augusto Ramírez Uhía, que hace pocos días posesionó por dos años más a Jaime Arias en el cargo de gobernador, sería el encargado de posesionar al nuevo encargado.
Dentro de esas discusiones se han presentado hechos como la quema de los lugares sagrados, en 2016, y en agosto y octubre del 2017. Sin conocer los responsables, los lugares sagrados fueron destruidos totalmente
LAS INVESTIGACIONES E IRREGULARIDADES
Además del desgaste, en contra de Jaime Arias en el 2013 la Procuraduría abrió una investigación por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra para la construcción de 58 residencias que suscribió con la Corporación Caja de Herramientas, relacionadas con unas modificaciones técnicas que se hicieron en el contrato sin aprobación del Banco Agrario, lo que ocasionó que la entidad bancaria procediera a declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva una póliza por perjuicios ocasionados en valor de 88 millones 335 mil 920 pesos.
Por el derecho a la autonomía, los grupos indígenas determinan sus líderes sin la intervención del Gobierno. Sin embargo, según algunos, esto les permite a los líderes atornillarse en el poder, como en la comunidad kankuama. No es el primer caso. La autodeterminación de los grupos indígenas permite a los gobernadores que reciben y manejan los recursos atornillarse en el poder en casos por sus obras, en otras por las riquezas. “Algunos gobernadores son personas ricas, con carros, casas, motos y ganado. Y como a esos territorios no entran ni la Contraloría ni la Procuraduría no se sabe a qué destinación llegan los recursos”, aseguró un funcionario que prefirió no ser citado.
Por: DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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