Con la designación del nuevo gerente de Fonvisocial, Guido Verdecia, y la dinámica que quiere ponerle el Ministerio de Vivienda al sector, se pone de presente lo crucial que es para la generación de empleo, encadenamientos y desarrollo empresarial la infraestructura urbana y la atención al déficit de vivienda de comunidades pobres.
El Gobierno Nacional ha manifestado que Valledupar está entre las pocas ciudades que acceden al plan de mejoramiento de vivienda. El presidente protocolizó ese compromiso con su visita. Pero se refiere a viviendas existentes, no a las nuevas.
El municipio recientemente ha dado los pasos para asegurar el lote de 47 hectáreas del liquidado Idema, buena tarea de los últimos alcaldes para tener un lote valioso y estratégico, en el que ahora se propone desarrollar, en una primera fase, sobre parte del área, vivienda social. Ayer en declaraciones públicas Verdecia insistió en ello. Esa iniciativa ya fue negada por el Concejo municipal. Los constructores agremiados en Camacol han hecho reparos al proyecto pues consideran que hay una sobre oferta de vivienda, que los inventarios se han crecido y que a pesar de que hay un déficit notorio – aun con el esfuerzo que han hecho los gobiernos en la última década- el problema de fondo es que, a pesar de que la vivienda se viene subsidiando en buena parte del precio, no hay demanda, no hay mercado, no hay ingreso suficiente de los ciudadanos para ahorrar o acceder a un crédito y poner la otra parte del precio.
Mientras los niveles de informalidad y desempleo en la ciudad sigan siendo siendo cancerosos acceder a un techo, sino es por la modalidad de la casa gratis ( la que no seguirá el Estado de hoy con angustias presupuestales), se hace casi imposible. Eso no quiere decir que haya que desfallecer en buscar alternativas, oir a los actores afectados, a los constructores que han sorteado la recesión de la construcción que ya completa 4 años.
El municipio ha considerado para que se pueda desarrollar vivienda social en un área que por el desarrollo del entorno ha tomado importante valor, ofrecerlo a un constructor no local, a un precio menor al del avalúo catastral, que hace el Igac y es acogido por el propio municipio.
Se estima, por decir lo sensato, que ese activo de mayor valor podría servir al municipio para venderlo parcial o totalmente y con su producto adquirir tierras de menor precio y hacer vivienda social. De otro modo en medio de controvertidos avalúos, tema jugoso en estos días a raiz de la acusación contra el exalcalde Socarrás, se podría generar un detrimento fiscal.
No es despreciable el argumento, aunque suene como barato populismo, a favor del propósito de la Alcaldía, de que los pobres deben vivir en lugares donde haya entorno, centro comercial, servicios de educación y salud y avenidas que permitan al morador justo bienestar.
EL PILÓN invita al debate ponderado, poniendo los pros y contras de una decisión de política trascendental.