En un escueto, pero completo informe, La Procuraduría General de la Nación resume toda la problemática que aqueja a la población Wayúu del departamento de La Guajira y recomienda que se tomen medidas más eficaces y contundentes, que permitan garantizarle sus derechos fundamentales.
El informe que se titula “El pueblo Wayúu, con hambre de dignidad, sed de justicia y otras necesidades insatisfechas”, argumenta que el 2012 fue el año en que se conoció la situación grave de los casos de desnutrición infantil ocurridos específicamente en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
Así mismo destacó, que desde diciembre del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó el estado colombiano a través de las medidas cautelares, preservar la vida e integridad de esa población vulnerable; así como las órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Riohacha, corporación que también amparó los derechos de esa población Wayúu.
La Guajira tiene una situación de pobreza extrema que se ha agravado con la sequía de los últimos años. Además, tiene altos índices de desnutrición infantil, morbilidad materna, poco acceso y baja calidad de los servicios de salud, violencia, desplazamiento forzado, escasez de agua y alta dispersión de la población.
En el Departamento desde el 2014 fue declarada la calamidad pública y en enero de 2015, se prorrogó esta situación ante la afectación de la población indígena en el sector rural y urbano con la presencia del fenómeno de El Niño.
El ministerio público resaltó que la Corte Constitucional, con ocasión de una acción de tutela interpuesta por las Autoridades Tradicionales Indígenas Shipia Wayúu contra el Instituto de Bienestar Familiar, solicitó a la Procuraduría un concepto sobre la situación de la niñez Wayúu, que se rindió el 19 de mayo de 2016, que declarara el estado de cosas inconstitucional ante la traumática y crónica situación que viven sus habitantes de vulneración de derechos a la vida, a la salud, a una alimentación equilibrada y al acceso al agua potable, entre otros.
La Procuraduría no desconoce que el Gobierno Nacional implantó proyectos para brindar específicamente soluciones de agua, salud y nutrición, entre otras, en la zona rural de La Guajira, sin embargo afirma que la situación de La Guajira, es un tema estructural que denota un problema social, que requiere soluciones efectivas, contundentes, articuladas y sostenibles que garanticen la protección de sus derechos fundamentales y de la familia a la que pertenecen y para que no se repitan hechos tan dolorosos como la muerte de los niños por desnutrición y sus causas asociadas.
La Guajira tiene una situación de pobreza extrema que se ha agravado con la sequía de los últimos años.
Por: Jesús Eduardo Ariño Fragozo
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