El Fondo de Energía Social – FOES-, creado mediante por la Ley 812 de 2003, es un fondo especial del orden nacional, financiado con los recursos provenientes del 80 % de las rentas de congestión calculadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, como producto de las exportaciones de energía eléctrica a los países vecinos dentro de los Convenios de la Comunidad Andina de Naciones. Los recursos del Fondo son manejados por el Ministerio de Minas, como un sistema especial de cuentas creado para subsidiar a los usuarios de menores ingresos (estratos 1 y 2 de zonas especiales) y disminuirles el pago de su servicio de energía hasta su consumo de subsistencia.
Por eso es tan reprochable que la empresa Electricaribe, que presta el servicio de energía en los departamentos del Caribe colombiano, haya desviado $216.894 millones que debían llevar a usuarios de 183 municipios costeños. Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República afirma que “Electricaribe habría cambiado el destino de los recursos desconociendo la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura, y a cambio lo destino a disminuir sus pérdidas”.
Los descuentos que debían hacerse en las facturas de los usuarios de estratos 1 y 2 nunca aparecieron, y después de revisar más de 56 millones de facturas, el organismo de control encontró que en 48 millones se dio esta irregularidad, durante un periodo comprendido entre julio del 2011 a julio de 2017.
En el departamento del Cesar dejaron de distribuir entre esos usuarios cerca de $ 12,883 millones. En el Atlántico fueron $ 58.466 millones, en Córdoba $ 44.155 millones, en Bolívar $ 41.659 millones y en Magdalena $ 21.317 millones.
Toda esa plata se fue a tapar el hueco de las pérdidas de la empresa y ni aun así, quitándoles los recursos a los más pobres, pudieron salvar la empresa. Fueron seis años durante los cuales se registró esta mala práctica y nada pasaba. ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para darse cuenta? El Gobierno Nacional falló en el seguimiento a la prestación de los servicios públicos.
En el Cesar a dos millones 791 mil 528 facturas dejaron de aplicarle el subsidio, una cantidad de familias que debían pagar el servicio con ese subsidio fueron víctimas del manejo indebido de esos recursos. ¿Ahora qué viene? Es la gran pregunta que se hacen los usuarios, los que cada día reclaman a la empresa un mejor servicio, porque a pesar de la intervención en que se encuentra, lo siguen prestando de manera deficiente. Este es otro capítulo de la novela, que aún no termina,