El postulado romano de que los acuerdos son para cumplirlos es un compromiso en todas las constituciones del mundo, menos en Colombia. Si los conflictos no se resuelven por medio de las armas, civilizadamente puede hacerse con un gana-gana. A nosotros nos gusta el vasallaje y solo atendemos las reclamaciones de aquellos sectores que tienen fuerza económica, política e institucional.
Una petición de los caficultores, gremio donde están parte de los cacaos de este país, o de los transportistas donde se encuentran inmersos las mafias financiadoras de grandes campañas políticas, p. ej., es difícil desatender.
También, la rama judicial cuando entra en huelga, es cosa respetable; el poder de los togados todo lo puede, aquí reposa el ADN judicial de toda una clase política. Pero nada le importan a un gobierno las reclamaciones de indígenas, campesinos, educadores o estudiantes porque estos no tienen capacidad de afectar la esencia del Estado que, si bien podrán causar algunos desajustes cuotidianos, no pondrían en entredicho la permanencia de ciertas élites en el poder.
La UP, un partido legal, intentó llegar al Congreso y a la Casa de Nariño, pero les respondieron con balas exterminándolos; a los que quedaron, la desesperación los condujo a otro método extremo y bárbaro, no tuvieron otra salida, más, todo siguió igual; el Estado respondió con más violencia, la guerra se escaló con una estela de muertos, mutilados, secuestrados y desplazados. Por muchos años, nuestros gobernantes pensaron que esta protesta podría domeñarse con las armas, pero los “terceros”, que tienen el poder tras bambalinas, no pudieron con la sola participación del Estado; por eso acudieron a la guerra sucia utilizando el aparato coercitivo; allí surgió el paramilitarismo, pero la estrategia de tierra arrasada como la llamada “seguridad democrática”, tampoco pudo.
Los efectos fueron contrarios a los esperados, la guerra se degradó, el campo quedó desierto, la ciudad saturada. La alternativa razonable era la negociación y esa es la iniciativa que no podrán desconocerle a JMS, así no se comparta el resto de su gobierno.
Parece que este ejercicio de comprensión democrática no ha sido bien visto por amplios sectores de Colombia. Se creía que silenciar los fusiles, amainar las bombas, eliminar los secuestros, taponar las venas que han desangrado al país, y vaciar los hospitales de heridos y las morgues de NN, tenía algún valor para la institucionalidad colombiana. No, los “terceros” siguen imponiendo su agenda, los intereses personales y grupales están por encima de la Patria. A las FARC no les están cumpliendo a cabalidad; el Congreso, ávido de mermelada, ha funcionado a media marcha, el gobierno no ha implementado la logística mínima para cumplir, la Fiscalía en cabeza de NHM se ha convertido en un palo en la rueda y la Corte Constitucional, parece, tiene a quien obedecer.
Todos conspiran contra la JEP y le tienen pavor porque esos son los ojos del mundo que mirarán cualquier intento de “moreno-bustisación”; decir la CC que los “terceros” no tienen que someterse a la JEP porque no hicieron parte de la negociación es un sofisma. El Estado, uno de los firmantes del armisticio representa a toda la sociedad, incluidos los “terceros”, esos que se quieren quedar con las tierras arrebatadas a los campesinos desplazados.
Estos, que fueron la cara invisible de la guerra, pero que ayudaron a financiarla, tienen iguales responsabilidades que los autores materiales y por lo tanto tienen una verdad que contarle al país, para fines de justicia y reparación.
La primera verdad que se ha querido olvidar es que las Farc no fueron vencidas en combate, que no son reos de guerra sujetos unilaterales de la justicia ordinaria; en esta guerra participaron muchos pero ahora quedarán impunes. Me parece que el quid de la negociación se lo han pasado por la faja y ojalá no tengamos que lamentar.
Por Luis Napoleón de Armas P.
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