Aunque existe una gran tendencia de colombianos que aceptan, inculcan, patrocinan y ayudan a forjar la cultura del vivo, queriendo ser aventajados en todo, al tiempo parece que vivimos en un país de inocentes, porque también todo lo que pasa nos alarma, todo nos asombra, como si fuéramos ciudadanos cándidos o nos hiciéramos los de la vista gorda.
Lo que hoy ha causado gran indignación y rechazo por el Ministerio de Educación, Icbf y órganos de control (Contraloría y Procuraduría) y sociedad en general, frente al suministro de la alimentación escolar en el municipio de Aguachica, no es un hecho nuevo, ni tampoco extraño para los organismos de control, solo que la irregularidad se puso en evidencia a través de las redes sociales y los medios noticiosos nacionales, lo que obligó a que estas entidades reaccionaran de esta manera, olvidando que hoy existen centenares de investigaciones que tienen que ver con irregularidades similares y peores en los contratos de alimentación escolar a lo largo y ancho del territorio nacional; como es el caso de facturar servicios en época de vacaciones, registro de población escolar beneficiaria del PAE (Programa Alimentación Escolar) inexistente en el SIMAT (Sistema de matrícula estudiantil), sobrecostos en los paquetes nutricionales, entrega de raciones incompletas, entre otros.
Aunque cualquier práctica inescrupulosa que atente contra los derechos de los niños no es aceptable y merece justicia, el caso de Aguachica pienso es menos grave y menos doloso que un tema de facturación de población inexistente, pues en este caso no se suministra nada, ni siquiera hay lugar a recibir el plato de comida, ahora mucho menos la posibilidad para tomarse la foto o hacer un video; dicho en otras palabras, en este caso los que se comen todo son otros, menos los niños y no conozco el primer caso de captura por estos hechos.
Aunque se ha anunciado por parte de la Ministra de Educación, que le llegó la hora a las mafias de la alimentación escolar, sigo escéptico ya que la corrupción en la contratación pública es cada vez más sofisticada e intangible y avanza unos pasos adelante a la capacidad de previsión y de reacción de los entes de control.
Soy del criterio que el problema es más estructural de lo que se piensa, no se puede combatir la fiebre en las sabanas; mientras el legislador no expida un estatuto contractual con normas claras, precisas y diametrales, que cierren cualquier posibilidad de manipulación a los procesos contractuales, no faltará que los ordenadores del gasto público, llámense alcaldes o gobernadores, etc., quieran abrir las puertas que inocentemente ha dejado la normatividad contractual.
Finalmente creo si se ha abierto la discusión para revisar estos temas, el debate no debe darse solo alrededor de la ejecución de los contratos; de investigar sí el pan tenia o no cucarachas, como sucedió en Cúcuta, la discusión debe ir más allá y revisar también los modelos de escogencia o selección de esos contratistas, que hoy son todo un cartel de esa actividad y se mueven como pez en el agua.