A propósito de la posible adición de $2.000 millones de pesos para la terminación de la renovación de la plaza Alfonso López de Valledupar, revisando la contratación de obras de remodelación y construcción en el municipio y el departamento del Cesar, esta es una constante, pero no solo en dinero sino en tiempo.
La adición a un contrato se debe justificar, la interventoría revisarla y aprobar el contratante, que en estos casos son las entidades municipales y departamentales. Sin embargo, la adición no puede ser mayor al 50 % del valor inicial, según lo establecido en la Ley 80 de 1993.
En ese sentido, otro proyecto al que también le fue adicionado recursos durante su ejecución fue a la construcción de la plaza del corregimiento de Patillal. El valor inicial contratado con la Unión Temporal Patillal equivalía a $3,703 millones, con un plazo de 6 meses.
A la construcción de la plaza del corregimiento de Patillal para el mes de octubre se añadió al contrato casi $500 millones en forma de adición, un 13 % del valor inicial de la obra.
El día programado, 25 de diciembre del 2018, se inauguró la plaza, pero para el mes de octubre se añadió al contrato casi $500 millones en forma de adición, un 13 % del valor inicial de la obra.
Según el contralor municipal de Valledupar, Edwin Girón, esta figura debe ser una excepción y no la constante. “Las adiciones surgen cuando nacen imprevistos no planificados dentro de los diseños del proyecto. Pero son imprevistos, no pueden ser la regla porque riñen con el principio de la planeación, que permite establecer las reglas de juego antes de la ejecución”, aseguró el jefe de la entidad de control municipal.
En algunos casos es difícil confirmar las adiciones porque las autoridades contratantes no suben los documentos completos a los portales web de contratación pública, aunque sea un deber publicarlos.
ROZANDO LO PERMITIDO POR LA NORMA
Hay casos que rozan el margen de la norma que permite adiciones hasta el 50 % del valor inicial del contrato. Es el caso del contrato con el cual se mejoró la infraestructura de escuelas urbanas y rurales de Valledupar en el 2017. Como valor inicial, la Alcaldía Municipal adjudicó $373 millones con el Consorcio Aulas Valledupar 2017.
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Sea por imprevistos, errores en la etapa de planeación, al contrato de remodelación de los colegios le fue adicionado el total de $183 millones, el 49 % del valor inicial del contrato, un punto porcentual menos de lo permitido.
Por sus proporciones económicas, una de las adicciones más significativas durante esta administración se dio en la construcción de la Escuela de Música Leo Gómez Jr., ubicada en el parque Los Algarrobillos.
Hay casos que rozan el margen de la norma que permite adiciones hasta el 50 % del valor inicial del contrato.
En un primer momento se acordó con la empresa Broers Constructores S.A.S., un valor de $2,326 millones para la construcción de la escuela en un plazo de cinco meses que daba hasta el 31 de diciembre 2017.
En un primer momento se adicionaron $899 millones y un plazo nuevo de casi dos meses; y luego se agregaron otros $228 millones, y el plazo final quedó hasta el 18 de julio del año pasado.
El plazo de tiempo para finalizar la obra se duplicó e igual que el valor inicial del contrato ($2,326 millones) que se incrementó un 48 %, algo así como 1.128 millones de pesos. Todas las adiciones deben presentar su justificación textual; en este tipo de adiciones, se repiten las dos opciones, imprevistos en el camino o mala planeación en el diseño del proyecto.
A nivel departamental es reconocido el caso del Hospital de Chimichagua que necesitó de 12 meses de más para su construcción. En Valledupar la historia es similar con el contrato que tenía como objeto el “Mejoramiento y adecuación en la infraestructura física del Hospital Eduardo Arredondo Daza en las sedes de los barrios La Nevada, 450 Años y San Martin, y el corregimiento de Patillal en Valledupar”.
La propuesta del Consorcio H.E.A.D. 2015 que ganó el contrato era de $3,066 millones inicialmente y con un plazo lógico de cinco meses. Pero todo fue desbordado. Primero le añadieron $899 millones y una adición de dos meses. Luego otros $633 millones, más varios plazos de tiempo que pusieron como fecha final el 23 de septiembre de 2016, cuando la primera fecha era en octubre del 2015.
Así, el valor final del contrato fue de $4.598 millones, y la adición nuevamente estuvo al borde de lo permitido con un 49 % agregado al valor inicial, y el plazo añadido superó el 200 % al inicial.
“La ley lo permite hasta un 50 %. Lo que no gusta es que se presenten de manera recurrente, y que detrás vengan procesos de un solo proponente, en muchos casos sin una autoridad que sirva de contraparte, entonces la figura ya no resulta conveniente”, comentó Nancio Galván, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar.
También hay excepciones de valores importantes en el municipio. Por ejemplo, la segunda etapa del contrato de adecuación y recuperación de los parques de la ciudad por un valor de $2,806 millones en un plazo de cuatro meses no presentó adiciones ni dinero ni en tiempo; más destacado es el caso de construcción de placa huella en los corregimientos de Valledupar que según los portales de contratación no registra adiciones a pesar de que los proyectos de este tipo reinciden en la sumatoria de dinero y ampliación de plazo durante su ejecución.
Ejemplo contrario pasó en la construcción de pavimento en concreto rígido dentro del municipio de Valledupar. Plazo y dinero fueron de la mano. La firma inicial se fichó en $4,580 millones el contrato para que la empresa ISAS Limitada entregara la obra a los seis meses. Pero se atrasaron y necesitaron de una adición.
El primer plazo era el 4 de julio de 2017, pero se añadieron tres meses y $1.998 millones, un aumento del 43 % de lo que se había diseñado que valía la obra en su primer diseño.
LOS CONTRATIEMPOS DE LA CONTRATACIÓN DEPARTAMENTAL
Hace dos años la Sociedad de ingenieros del Cesar le escribió una carta al gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, en la que menciona preocupaciones relacionadas con la contratación departamental.
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Además de la bajísima participación en los procesos de selección, con un promedio de dos participantes por licitaciones, la Sociedad de Ingenieros expuso los enormes atrasos en algunas obras para ese entonces. Por ejemplo, la sede de la Universidad Nacional en el municipio de La Paz alcanzó un atraso de duración del 522 % a lo pactado inicialmente, pasando de los 18 meses programados a 94 meses finalmente. En su momento, las autoridades de la Universidad aseguraron que se debió a la inexperiencia del contratista y no a errores en la planeación.
Como esa obra está el estadio Armando Maestre Pavejau, que ha generado tanta polémica por lo que se diseñó frente a lo que se inauguró, tardó un 139 % más de lo esperado; así la construcción del archivo del Cesar (290 %), el hospital de Chimichagua (133 %), y el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo que se duplicó el plazo de su duración.
“Como ingeniero se busca predecir todo en los primeros estudios, pero somos humanos y puede haber variaciones, por eso hay casos justificables, pero hay que ver que algunos casos es culpa del mal trabajo del contratista”, agregó el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar, entidad que publica documentos académicos relacionados con la construcción y contratación estatal.
Uno de los promedios más altos se dio entre el 2014 y 2016 cuando las obras ejecutadas necesitaron adiciones de tiempo que ampliaron su plazo un 200 % más de lo especificado.
En conclusión, en la construcción de obras públicas la excepción parece ser la buena planeación y la constante la necesidad de adiciones de tiempo y contratación que implica más tiempo y recursos.
Por: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
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