Contra todo pronóstico el presidente Juan Manuel Santos presidió ayer la posesión de 38 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, integrada por 51 miembros, los cuales comenzarán a trabajar en medio de un caldeado ambiente político con miras a las elecciones de Congreso de la República el próximo mes de marzo.
Recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz es el modelo de justicia transicional que hace parte del componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado entre el Gobierno Nacional y Farc. La JEP está constituida por salas de justicia, amnistía e indulto y un Tribunal para la Paz encargado de investigar, esclarecer y sancionar las violaciones a los Derechos Humanos.
La primera tarea de los magistrados posesionados es aplicar lo referente a la Ley de Amnistía, labor que hasta ahora cumplen los jueces ordinarios, pero que pasará a esta nueva jurisdicción. Por eso el primer reto para la JEP es saber capotear la presión que genera la época electoral que vive el país, especialmente en medio de discursos polarizados que cuestionan en su mayoría la implementación de los acuerdos pactados con las Farc.
El presidente Santos invitó a los magistrados posesionados a no perder el faro de la JEP, para garantizar los derechos de las víctimas, con una frase contundente: “las víctimas quieren más que se sepa la verdad que ver a los victimarios tras las rejas. A las víctimas les sirve más la reparación que la venganza”.
De entrada ese es otro reto, por cuanto un gran porcentaje de colombianos pide cárcel para los miembros de las Farc para que paguen por los delitos cometidos cuando estaban alzados en armas. Lo que está claro es que no habrá amnistías para los que cometieron crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el genocidio y en general las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El departamento del Cesar tiene presencia en la JEP, con dos mujeres, miembros de las etnias indígenas arhuaca y kankuama: Ana Manuela Ochoa Arias (Tribunal) y Belkis Florentina Izquierdo Torres (Sala). Ellas, al igual que otro número importante de mujeres, que conforman la Jurisdicción Especial de Paz, tendrán en sus manos la gran responsabilidad de hacer efectivo este modelo de justicia, sin impunidad y garantizando los derechos de las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz juzgará y sancionará conductas cometidas con ocasión o en relación con el conflicto armado, no solo de guerrilleros o de agentes del Estado, sino también de civiles que se sometan a ella y hayan tenido participación activa o determinante en los crímenes más graves.
Buen viento para los magistrados posesionados, que haya justicia, verdad y reparación.