La Comisión Nacional de Moralización se reunió en Bogotá para revisar los avances en la implementación del acuerdo de paz y las medidas adoptadas para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos. En siete meses de funcionamiento, el Fondo Colombia en Paz ha recibido $ 884.471 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación, aportes privados y otros recursos públicos y de ese valor, el 83% ($735.846 millones) ya ha sido contratado.
La reacción del Gobierno Nacional frente a las supuestas irregularidades en el manejo de los dineros a través del Fondo Colombia en Paz, ha sido positiva: desde esta semana son públicos los informes de los recursos que se manejan a través de los fondos del Banco Mundial, el Fondo Multidonante de Naciones Unidas, el Fondo de la Unión Europea y el Fondo Colombia Sostenible-BID; así como el informe de los recursos que maneja directamente el Fondo Colombia en Paz a través de las 10 subcuentas, y acordaron que darán detalle de cada uno de los contratos en ejecución o en proceso de contratación e informarán los resultados de la semana asociados a las actividades del Fondo.
Reconocemos el esfuerzo desde las instancias nacionales para enderezar el camino torcido, porque como lo reconoció el presidente Juan Manuel Santos si ha habido dificultades en la ejecución de estos recursos, retrasos y manos de personas avivatas que quieren manejar la plata a su antojo. Por eso es tan importante que las comisiones de moralización funcionen, no solo la del nivel nacional, sino la de los territorios, así como las veedurías ciudadanas de las poblaciones donde se están ejecutando las obras con los dineros que distribuye el Fondo Colombia en Paz.
En el caso del Cesar, son ocho los municipios del posconflicto, donde se hará énfasis en las inversiones para las obras que requiere la gente y que por culpa del conflicto armado no habían podido ejecutar. En el municipio de La Paz, a 20 minutos de Valledupar, ya hay obras en ejecución ¿y está la comunidad pendiente de que se haga bien? ¿Están los órganos de control pendientes de su ejecución?
Los recursos de la paz también necesitan de las veedurías ciudadanas, porque son los habitantes los que están en el territorio y los que pueden decir si la obra va lenta, si la están haciendo bien, si corresponde al proyecto inicial, si el contratista es idóneo, si no es de los que acostumbran a dejar las obras tiradas a mitad de camino.
En el Cesar también hay recursos del posconflicto y estos deben tener la lupa ciudadana para que esas inversiones sí marquen la diferencia en las comunidades donde el conflicto armado no dejó que llegara el desarrollo.