Los seguidos motines en la Cárcel Judicial de Valledupar hicieron necesario diseñar una nueva edificación que permitiera sacar el centro de reclusión del barrio Dangond, que para la época, y como sigue sucediendo, no tenía área de cesión.
El Gobierno Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), las autoridades de la capital y de todo el Cesar, vieron la propuesta viable, así entonces aprobaron la construcción de una nueva edificación, pero alejada del casco urbano.
De esa manera y según explicó el exalcalde de Valledupar, Elías Ochoa Daza, la administración que estaba a su cargo adquirió un inmueble ubicado en el kilómetro 3.5, en la vía al corregimiento de Azúcar Buena, con la simple y única finalidad de estructurar lo que sería la nueva Cárcel Judicial de Valledupar, y así resolver inconvenientes como el hacinamiento que, por ejemplo en 1997, causó un motín a cargo de 10 reclusos sindicados por los delitos de rebelión, que se tomaron el penal, donde murieron cuatro personas y 16 fueron rehenes.
Luego de surtirse los trámites de compra, y aprobación del Concejo Municipal, el lote que fue donado por la Alcaldía de Valledupar al Inpec. De esa manera, el Gobierno de Andrés Pastrana desembolsó e invirtió en la estructura $25.000 millones y finalmente fue llamada Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, EPAMSCASVAL. Los encargados de ejecutar la obra fueron las firmas RMR Constructores y Alfredo Muñoz & Cía.
Oficialmente se abrieron las puertas de la conocida popularmente como “La Tramacúa” en el año 2000 y puesta en funcionamiento en 2002, cuando fue inaugurado. EL PILÓN dialogó con Elías Ochoa Daza, quien contó el contexto de esta cárcel que está en boca de todos porque en los últimos días han llegado peligrosos personajes como Jhon Jairo Velásquez, ‘Popeye’; Rafael Uribe Noguera, violador y asesino de la niña Yuliana Samboní, en Bogotá, entre otros considerados de alta peligrosidad.
¿Por qué se decidió hacer una nueva cárcel en Valledupar?
Estando de alcalde, por allá en 1993 más o menos, se presentó una revuelta en la Cárcel Judicial que está en el barrio Dangond, hubo varios muertos entre ellos detenidos y uno o dos trabajadores de la penitenciaría, eso causó un revuelo general porque los presos se iban a volar, el Ejército intervino y además se quedaron con unos trabajadores, los tenía secuestrados; demoramos como 15 días negociando, vino el Secretario General del Inpec y al final, como a 20 días, con la ciudad paralizada, se llegaron a unos acuerdos y se volvió a la normalidad. Dentro de los compromisos que asumió el municipio de Valledupar, fue conseguir un lote para construir una nueva cárcel y la que estaba en el Dangond desaparecería, se dejaría para un área de sesión que no tenía. Eso fue el acuerdo.
Posteriormente nosotros hicimos la diligencia; el estudio de factibilidad, solicitamos el concepto del Batallón La Popa, de la Policía y todos dos coincidieron de que el terreno para la cárcel debía quedar cercano en la vía del Batallón La Popa, que en esa época era muy fuerte la guerrilla, tanto las Farc como el Eln, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, con base a eso se hizo el estudio y se determinó el área y la distancia ideal que debería estar máximo la cárcel. Así se le propuso al señor que hoy tiene el almacén que llaman ‘El Pastal’, la compra del lote y después de una amplia negociación se le compró el terreno, para construir la Cárcel del Distrito de Valledupar, en remplazo de la que estaba en el Dangond.
¿Cuánto costó el lote?
No recuerdo muy bien la cifra, pero creo que estuvo entre $120 o $140 millones. El lote se compró barato y lo que lo valorizó fueron los lotes vecinos.
¿Qué pasó después?
El Concejo autorizó la entrega del lote para el Inpec para que construyera la cárcel y ahí se me acabó el periodo de alcalde esperando los recursos, que luego aparecieron y en eso afirmo lo mismo que dice Jhonny Pérez, que a él lo engañaron porque los que construyeron la cárcel lo hicieron pensando en sustituir una y resulta que cuando ya estaba construida dijeron que era una penitenciaría de máxima seguridad y que para allá debían enviarse presos peligrosos.
¿Fue un engaño?
Lo engañaron a él (Jhonny Pérez Oñate) y a todos los habitantes de Valledupar, porque teníamos la expectativa de que la del Dangond desaparecería y ahí se construiría un gran parque para el barrio. Lo que hicieron en concreto fue engañar a la comunidad de Valledupar, el Inpec que fue responsable y el Gobierno Nacional.
Ya con el inconveniente de la cárcel en Valledupar ¿Qué se le puede exigir al Gobierno Nacional o al Inpec?
Lo único que se le podía pedir al Inpec, que no sé si sería arar en el desierto, es que realmente la cárcel que se construyó se le dé el destino para lo cual se iba a construir, porque ese lote se entregó con una función específica y era construir una cárcel judicial y no de máxima seguridad. Fue un engaño a la comunidad vallenata, del Cesar y de la región. Ahora tendríamos que generar un movimiento para exigirle al Gobierno que por lo menos, nos devuelva la cárcel que nos ofrecieron en aquella época, que podría ser al lado de la otra y establecer los mecanismos de vigilancia y seguridad, evitando que ese grupo de delincuentes que vienen con sus bandas nos vuelva la ciudad más insegura.
Solicitud en rechazo
La gota que rebosó la paciencia en las autoridades administrativas del Cesar fue el traslado de alias ‘Popeye’ al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.
A través de este comunicado, el gobernador Francisco Ovalle, el alcalde Augusto Ramírez Uhía y el director del Área Metropolitana, Alfredo Saade Vergel, expresaron su preocupación y rechazo por el traslado de delincuentes de alta peligrosidad a esta ciudad. El documento, fechado el 28 de mayo, fue remitido al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero y al director del Inpec, brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón.
“Como primeras autoridades civiles y administrativas del departamento, municipio de Valledupar y su área metropolitana, solicitamos sea reconsiderada la decisión de traslado de estos peligrosos delincuentes que afectan la tranquilidad de la ciudadanía y elevan la comisión de diferentes delitos”, indicaron los firmantes.
El director del Área Metropolitana, Alfredo Saade Vergel, agregó que han insistido en lograr el cierre o bajar la categoría de máxima a mediana seguridad al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.
“Cuando se hizo ‘La Tramacúa’ en Valledupar fue un sapo que nos hicieron tragar, haciéndonos creer que con su llegada los problemas sociales se iban a mermar y lo que hicieron fue afectar mucho más a Valledupar y el área metropolitana”, dijo Saade Vergel.
Advirtió que este no será un llamado más al Gobierno Nacional, de los que tanto han hecho en la capital del Cesar: “Nuestra gestión podría dar un resultado, yo soy insistente en los procesos e iré hasta el final, al menos para que se tenga una respuesta porque nunca la hemos tenido, ni para bien, ni para mal. Eso tiene indignada a la ciudadanía”, recalcó.
Para conocer las impresiones, este medio intentó comunicarse con los encargados del Inpec en Valledupar pero no fue posible hacer contacto con la nueva dirección del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, de la que salió el capitán Luis Perdomo, trasladado a Bogotá.
Inconvenientes y sanciones
‘La Tramacúa’ tiene una capacidad para 1.600 presos y ocupa un total de 15 hectáreas. Hoy hay dentro del penal unos 1.459 internos, es el registro de la Procuraduría Regional del Cesar, Ministerio Público que viene haciendo seguimiento constante a los inconvenientes de este centro penitenciario. El organismo realizó el pasado 22 de mayo una Mesa Regional de Penitenciaría, en la cual realizaron seguimiento a los compromisos adquiridos en la reunión efectuada el 20 de noviembre de 2017 en las instalaciones del sitio. No asistió el brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón, director del Inpec, y eso ha sido la constante en los últimos años, indicó la Procuraduría.
Uno de los puntos tocados en dicho encuentro fue la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que colapsó hace algún tiempo y está generando contaminación ambiental a un caño cercano a dichas instalaciones.
Por estos hechos, la Oficina Jurídica de Corpocesar confirmó la sanción en contra del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, por $13.789.080.
En el proceso se estableció que la multa corresponde a la falta de monitoreo y seguimiento a los residuos que maneja el centro carcelario, tal como corroboró la investigación de la entidad ambiental.
“Se impuso medida sancionatoria pecuniaria, producto de incumplimientos que genera la Penitenciaría de Valledupar, atinentes a la normatividad y las resoluciones donde se otorga los permisos y las licencias para los vertimientos de aguas residuales, también para la operación de unas calderas”, indicó el director de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel.
¿Dónde quedó ‘Popeye’?
EL PILÓN logró establecer que el exjefe de sicarios del cartel de Medellín, John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, quien ingresó la tarde del lunes a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, a donde fue enviado por un juez de Medellín como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, tras ser capturado el viernes anterior, fue remitido a los patios establecidos en el Área de Recepción, donde se sitúan delincuentes considerados como extraditables.
Este hombre llegó a Valledupar a bordo de un avión de la Policía fuertemente custodiado al Aeropuerto Alfonso López, de donde fue trasladado de inmediato a una tanqueta blindada del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y luego llegado con patrullas policiales y unidades del Inpec, hasta el establecimiento carcelario.
Cabe destacar que ‘Popeye’ estuvo interno en esta penitenciaría entre 2001 y 2002, donde pagó 14 meses al ser traslado desde La Modelo mientras cumplía los 23 años y tres meses que estuvo en prisión por sus crímenes.
La ciudadanía y autoridades en Valledupar rechazan además de este traslado, la presencia de personajes considerados de alta peligrosidad, como: Orlando Pelayo Rincón, asesino y padre del niño Luis Santiago, en Chía, Cundinamarca; Cristian Camilo Bellón, presunto responsable del atentado a la estación de policía en el barrio San José de Barranquilla, donde perdieron la vida cinco uniformados el año anterior; Eduardo Luis Vargas Gutiérrez, alias ‘Pipón’, conocido por ser uno de los principales cabecillas del ‘Clan del Golfo’; el brasileño Eduardo Rays, capturado en medio del operativo por secuestrar una avioneta que trasportaba $2.000 millones en Aguachica, entre otros.
Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
Carlos.jimenez@elpilon.com.co