En el primer semestre de este año el Ministerio de Justicia a cargo de Néstor Osuna, alista un proyecto de ley mediante el cual se modificará el Código Penal, con el fin de “humanizar la política criminal y penitenciaria” del territorio nacional.
Los cambios establecidos en el borrador del proyecto de ley están relacionados con la eliminación de algunos delitos, la dosificación de las penas y la reparación a las víctimas.
Uno de los giros más notables de las normas jurídicas punitivas que rigen al Estado es que la pena máxima pasaría de ser de 60 a 40 años, sin contar los procesos en concurso, es decir, en los que hay varios delitos cometidos al tiempo.
Además, plantea que los casos en que una persona sea condenada por primera vez afronte las penas en las mismas dosificaciones en las que están y que puedan obtener los beneficios solo mediante la reparación integral a la víctima, así como también en la participación de programas de resocialización, estudios y aprendizaje de algún oficio.
La iniciativa también eliminaría los delitos de inasistencia alimentaria, el impedimento y perturbación de audiencias públicas, impedimento y perturbación de ceremonias religiosas, supresión, alteración o suposición de estado civil e injuria.
No obstante, el delito de inasistencia alimentaria tiene otras vías judiciales para ser subsanado, según explicó recientemente a EL PILÓN el abogado penalista Benjamín Jaimes Quintero.
“Como es una obligación de carácter pecuniario sí hay otros mecanismos para que puedan acceder al cumplimiento de estas obligaciones como son una acción civil a través de un proceso ejecutivo, como si fuera una deuda normal, una hipoteca, una letra o un cheque. Con un proceso ejecutivo se podría perseguir, y si la persona tiene bienes con los que pueda responder. Igual la alternativa de mandar a la cárcel a las personas que no pagan los alimentos, ya sea por irresponsabilidad o por no tener la posibilidad, me parece que es peor”, dijo Jaimes Quintero.
Por otra parte, ningún ciudadano sería investigado por terrorismo en protesta y los homicidas cumplirían sus penas completas.
En cuanto a las mujeres privadas de la libertad que estén embarazadas y que tengan medida de aseguramiento domiciliaria, esta sería ampliada luego de dar a luz.
Los reclusos que también tengan quebrantos de salud y una pérdida de autonomía que se torne incompatible con la vida digna en reclusión tendrán derecho a cumplir sus condenas con detención domiciliaria o en centros de salud.
“Esa dinámica que yo he querido impulsar ha hecho que el borrador se vaya modificando, el proyecto trata de ofrecerle a la sociedad colombiana una reforma al sistema penitenciario, que le ofrezca más seguridad en el sentido de disminuir la reincidencia, y ofrezca un sistema carcelario más razonable, modelo y ajustado a la sensatez”, dijo Osuna al aire en La W Radio.