A propósito de los 40 años de existencia que por estos días celebra la Universidad Popular del Cesar, de la cual todos los cesarenses nos sentimos orgullosos de la manera como han crecido sus programas, como ha parido sendos profesionales y su significativo aporte a la región Caribe, creo que también es pertinente hacer los respectivos balances académicos, que involucran a la comunidad estudiantil y cuerpo de docentes a su servicio; porque de los balances administrativos es penoso hablar de ello, pues los medios noticiosos y los órganos de control ya nos han rendido las cuentas sobre lo que ha venido pasado allí.
Lo primero que tengo que decir es que siento un gran afecto y aprecio por la Universidad Popular, pues tuve la oportunidad de ser docente catedrático por espacio de ocho años, adscrito a la facultad de Derecho y esa noble tarea me da méritos para expresar ese cariño. Y precisamente porque hice tránsito en esa facultad y porque conozco un buen número de egresados de dicho programa que hoy son mis colegas y hasta amigos, con todo el respeto y consideración que se merecen me atrevo a presumir que las cosas en esa facultad no andan nada bien; primero, porque me inquieta no sólo la cantidad de profesionales que se han incorporado a la abogacía en los últimos año, sino la calidad de su preparación en cuanto a sus competencias (saber hacer) y los riesgos que un alto número de estos togados representan para la ética profesional, ya que para nadie es un secreto que hoy en nuestro país existe un deterioro progresivo de la imagen de la profesión del abogado, incluso reflejado en magistrados, jueces, procuradores, reconocidos litigantes, lo que ha contribuido a deteriorar aún más la imagen de una profesión bastante agobiada y cuestionada a lo largo de la historia.
En consecuencia, si hoy la UPC no se preocupa e innova para educar abogados en las competencias para pensar, comprender, razonar, interpretar y argumentar jurídicamente, no es posible obtener buenos profesionales. Pero esta tarea no solo deber ser compromiso institucional de la universidad, sino también personal por parte de los docentes, de quienes también de algunos de ellos se rumoran serios cuestionamientos; pues hoy en la UPC cualquier profesional del derecho sin desmeritar su saber disciplinar, saca pecho y dice que es profesor de Derecho de la Universidad Popular, sin conocer siquiera el ABC mínimo de la pedagogía universitaria y muchos menos los modelos pedagógicos para educar en el campo de las ciencias jurídicas.
Pienso que esta ausencia de filtro para vincular a los docentes en este programa y la deshonestidad de mis colegas en el afán de ganarse unos honorarios extras y adquirir el status de docente, le está haciendo mucho daño a la facultad. Sumado a ello, he tenido la oportunidad de conversar con estudiantes y sin ninguna clase de pudor y tapujos me han comentado que hay un puñado de docentes que son expertos acosadores sexuales, otros que trafican con notas de evaluaciones, preparatorios; mientras que otros ejercen la compraventa de tesis; inocentes estos profesores que piensan que lo hacen en secreto, cuando aquí en esta pequeña ciudad todo es vox populi.
Mis respetos y consideraciones para aquellos colegas que vienen haciendo bien su tarea en la UPC y son comprometidos con alma mater y la sociedad, de lo cual puedo dar fe que hay un buen número de ellos.