Varios procesos de orden judicial dieron de qué hablar este año entre la comunidad del departamento del Cesar, sin embargo, algunos prometen robarse la atención en la región por su relación con los recursos públicos y la historia violenta del conflicto armado.
LA VERDAD DE JORGE 40
Sin duda una de las audiencias que se robará la mirada nacional serán las que están programadas para el próximo 26 y 27 de enero cuyo compareciente será Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como ‘Jorge 40’.
El antiguo jefe paramilitar del Bloque Norte de las AUC se juega su entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde podría conseguir varios beneficios de ley, como recobrar su libertad.
Pero para su acogida a la justicia transicional deberá prender el ‘ventilador’ para contar sobre quiénes contribuyeron a la instalación del bloque que dirigió y cuáles labores ejerció dentro de la organización armada.
La audiencia única de verdad se hará ante varios magistrados en una sala especial que adecuará la JEP.
EL PAE Y EL GOBERNADOR
Este año la Corte Suprema de Justicia podría tomar una decisión de fondo sobre uno de los dos procesos penales que afronta el gobernador (r) del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
El proceso responde a unas ‘inconsistencias’ que la Fiscalía encontró en un contrato que la Gobernación del Cesar celebró en el año 2015 con el consorcio Alimentación Escolar A Salvo, cuyo valor superó los $17.140 millones. Este presuntamente tenía falta de estudios previos, pliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley, originando un detrimento patrimonial que asciende a los $3.172.808.072.
El caso está en etapa de juicio con exposición de las pruebas de la defensa, por tanto, una vez termine y se dé el alegato de conclusiones, la Sala Penal de la Corte tendrá que emitir el sentido de fallo que podría ser condenatorio o absolutorio.
El AlCALDE DE PUEBLO BELLO
El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, afrontará un juicio por presuntamente beneficiar con un contrato a uno de sus principales financiadores de su campaña electoral cuando era candidato en los comicios del 2019.
Se trata de Gustavo Alberto Arias Pérez, representante legal de la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Asoprokia, con la cual la Alcaldía Municipal firmó un contrato de compraventa para adquirir productos con el fin de mitigar la pandemia ocasionada por el coronavirus.
Según el ente investigador, la negociación surgió de manera ilegal debido a que el representante legal de Asoprokia, Gustavo Arias Pérez, financió con $10.500.000 la campaña electoral del alcalde, una circunstancia que automáticamente lo dejaba inhabilitado para contratar con la administración municipal durante el periodo en que estuviera Duque Barón.
LOS PROCESOS DEL EXALCALDE
El exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, tiene múltiples procesos en contra por aparentes actos de corrupción por los que deberá responder el próximo año.
Uno se relaciona con la obra Casa en el Aire. Según la investigación de la Fiscalía 12 seccional, en la obra se generó un detrimento patrimonial de $3.012.436.705 por varias irregularidades en la planeación y ejecución en la primera etapa del proyecto.
Otro proceso corresponde a una investigación sobre un contrato dirigido a fortalecer la educación de 3.832 estudiantes en los 42 colegios públicos de Valledupar.
Según la Fiscalía, el contrato presentó irregularidades durante su planeación, ejecución y finalización, violando los principios de transparencia en la administración pública.