Que Valledupar, con una población de 532.956 habitantes, donde se concentra el 41.1 % de la población del departamento del Cesar, evidencie el fenómeno de la inseguridad, es claro que no es una problemática propia de la administración municipal actual, llámese el alcalde municipal de Valledupar o de quien ocupa el cargo de secretario de Gobierno municipal.
Quien ocupó el cargo de alcalde municipal de Valledupar durante el anterior cuatrienio, entre el 1 de enero del año 2016 y el 31 de diciembre del año 2019, y quienes fueron sus secretarios de Gobierno, también evidenciaron la misma problemática de inseguridad y de percepción de la misma, un problema no menor, que para ser justos con el alcalde actual y el alcalde anterior, viene incluso de años anteriores al 2016. Es decir, no es un problema atribuible a ellos o frente al cual no hayan realizado gestión.
La inseguridad o la percepción de inseguridad en Valledupar hace rato es una realidad, seguramente atribuible a distintas circunstancias ya identificadas; pero lo cierto es que es un asunto prioritario en la gestión de la Alcaldía de Valledupar y que debe seguirlo siendo para los próximos alcaldes.
En consecuencia, José Santos Castro González y Luis Enrique Galvis Núñez entienden que en las calles y carreras de los distintos barrios de la ciudad hacen presencia cotidiana varios personajes que, presuntos o no, tienen antecedentes judiciales, que a pesar muchas veces de su juventud, evidencian un prontuario al que corresponde hacer continua inteligencia y presencia policial.
Y es que muchos presuntos, capturados o no, evidencian con anterioridad a sus fechorías un comportamiento criminal con delitos como el hurto, la receptación (recibir bienes provenientes de un delito) o el clásico delito de estupefacientes que penaliza todas las actividades de narcotráfico.
La Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y principalmente el alcalde de Valledupar y su secretario de Gobierno, deben estar preparados para enfrentarse a la delincuencia, que con 25 años de edad o menos, les importa poco o nada disparar durante un atraco y afectar la vida de una persona.
La gestión pública es así, es decir lo que indique el momento, y este momento muestra que la ciudad tiene una problemática de seguridad en la que incluso hace más daño la percepción. Problemática que no es coyuntural y que al margen de si el delito es porte ilegal de arma, tentativa de homicidio o hurto, el alcalde y su secretario de Gobierno deben enfrentarla.
Siendo objetivo, o en mi caso no siéndolo, creo que Castro González y Galvis Núñez tienen la capacidad de enfrentarse al problema. Es claro que no lo esquivan y entienden que es su responsabilidad, la cual saben asumir.
Aunque las opiniones son válidas, lo menos importante es entrar en discrepancias, lo verdaderamente importante es que Castro González día a día y con planeación solicite a la Policía Nacional no ahorrar esfuerzos para enfrentar la criminalidad en Valledupar. Es lo que corresponde a todo alcalde municipal (al margen de partidos políticos o posturas ideológicas), y que para el caso de Valledupar, Castro González está en capacidad de volver un tema bandera de su administración.
En este momento, el país cuenta con un director Nacional de la Policía que conoce su trabajo y sabe de inteligencia (general Jorge Luis Vargas Valencia). Alcalde Castro González convoque al general Vargas y pídale una política de seguridad ciudadana especial para Valledupar, que el conocimiento que en materia de seguridad ciudadana tiene el director de la Policía pueda ser aprovechado para la gestión de la Alcaldía de Valledupar, de la Policía Cesar y para la tranquilidad de la ciudadanía vallenata.
Lo que sí está claro es que nada mejor que la captura de los presuntos con prontuarios de criminales.