La evaluación del primer año de intervención del Hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, pasó la prueba, pero a medias.
La Supersalud pudo constatar que el plan de acción aprobado en enero de 2022 registra avances significativos, no lo suficiente como para devolver la administración del hospital a los entes territoriales. La no devolución es una buena noticia.
El organismo encontró que todavía en el Hospital se presenta una lista de aspectos que a la fecha no se han cumplido en la manera que lo estableció el plan de acción aprobado, según el informe de la Supersalud.
Hay que recordar que la intervención se inició el 14 de enero de 2022, debido a las irregularidades administrativas, asistenciales, jurídicas y financieras encontradas en una auditoría. En ese momento, el entonces superintendente Fabio Aristizábal señaló que este proceso duraría 1 año, y dejó a cargo a un agente especial, Duver Rojas, quien funge como gerente.
Es decir, en el año establecido para la recuperación financiera y administrativa no se lograron todos los resultados, y se extendió otro año más con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y mejorar los indicadores de gestión; tendrán que cumplirse 24 actividades para procurar la recuperación integral del hospital.
Entre ellas, fortalecer el proceso asistencial, lograr la razonabilidad de los estados financieros, mejorar el proceso de facturación y recaudo, continuar con la recuperación de títulos judiciales.
La Supersalud ha señalado que si se cumple el 100%, antes del 14 de enero de 2024, la medida será levantada y la administración del hospital volvería al control departamental.
Saludamos entonces ese proceso que se adelanta en el Hospital cuyos servicios tienen gran impacto en toda la región, no solo del Cesar y La Guajira sino de la costa Caribe.
La intervención ha sido acertada: se ha ido progresivamente recuperando confianza y la relación con las EPS que han empezado a demandar sus servicios; muchos servicios que estaban paralizados como el Banco de Sangre, Tomografía, se han reactivado y nuevos, como las unidades de cuidados intensivos pediátricos, se han abierto. Viene cubriendo a tiempo los servicios tanto laborales como de suministros causados a partir de la intervención desde el 14 de enero de año pasado.
Deberá cubrir obligaciones del personal y médicos de los años 2019, 2020 y 2021, que quedaron legalmente congelados por la intervención; para el efecto tendrá que recaudar $33.000 millones que debe la Nación por el servicio a los Migrantes venezolanos.
Una vez restablecida la normalidad y autonomía administrativa, a más tardar el próximo 13 de enero de 2024, esperamos se implementen mecanismos eficaces, contra la corrupta politiquería, para que no vuelva a repetirse la triste historia de su degradación.