Muchos pensaban que a la Ministra Gina Parody le sobraban “pantalones” para echarse encima el tema de la educación en el país; pero, no. Ahora resulta que no es ni chicha ni limonada para recordar aquel político liberal santandereano que ha vivido toda su vida de la mermelada, el sanedrín y la burocracia marrullera de este país, en donde los legisladores se juntan para saquear lo poco que queda por robarse.
Lo que está pasando en Aguachica con la alimentación de los niños (as) estudiantes es humillante, tortuoso y maquiavélico. Servirles los alimentos en sus manos, como si fueran animales, es infame. Ahí se ve que el contratista actúo con sevicia, “hubo dolo en demasía” –como diría nuestro queridísimo amigo, el abogado Ivan Javier Rodríguez Bolaño, ‘El Cheto’.
Los niños también fueron obligados a posar con una ración de alimento mínima, como para llenar a una hormiga. Seguramente todo eso pasa en todo el Cesar, La Guajira y el país. Sin embargo, vemos a la ministra Parody surcando el horizonte en aviones para llegar a los lugares en donde ya se consumó la humillación contra nuestros hijos, quienes son usados como carne de cañón para que unas familias se llenen los bolsillos con miles de millones producto de los contratos.
Se afirma que los contratistas no trabajan solos y que eso lo saben los gobernadores, alcaldes, diputados, congresistas y concejales, orquestado por el alto gobierno. Hay una versión en Valledupar –que está haciendo carrera, pero que nadie investiga- que el contratista pagó mil millones de pesos en efectivo por el actual contrato de alimentos.
Inclusive, se afirma que hay un contratista que subcontrata, que le presta toda la logística a alguien para que contrate y se gana un porcentaje; así dicen que pasa en La Guajira, en el Cesar y el Magdalena.
Además, los trabajadores rasos de las empresas trabajan por un salario menor que el mínimo y no se les paga prestaciones sociales de ninguna índole.
También se afirma que hay un contratista que es el que pone las condiciones y negocia los porcentajes por los contratos. Es decir, el contratista le debe dar en efectivo al Alcalde, al Gobernador o al funcionario que adjudica el contrato el 18, 27 y hasta el 35 por ciento del valor del contrato.
La pregunta del millón es: ¿quién y cómo se prueba esto? Se afirma que es difícil, pero si se le puede hacer un seguimiento a los dueños de estas empresas que tienen sus testaferros y cada día son más multimillonarios.
Pero si esa maniobra delincuencial no se puede probar, porque en este país hay un cardumen de idiotas útiles que son usados como marionetas para fines de otros, seguramente la que irá presa dentro de pocos días será la gloriosa profesora Claribeth Rodríguez, quien ha sido la única en este país que se ha atrevido a denunciar con un video grabado con su celular la ignominia cometida contra el programa de alimentación de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, de Aguachica (Cesar).
Hoy Claribeth está amenazada seguramente por los mismos que sometían a los niños a esas tortuosas jornadas inhumanas. Seguramente ella pagará los platos rotos y tendrá que irse del país y será desplazada, perseguida y vituperada como alimaña, mientras que los contratistas seguirán flamantes, sin pagar un solo centavo y mucho menos cárcel por la ofensa a nuestros hijos. Este es un país de m… Hasta la próxima semana.