En Colombia tenemos un gran discurso legal y político a favor de los derechos de los niños y niñas, pero lamentablemente esto no basta para proteger su derecho más importante, la vida. Este fin de semana se dieron a conocer las cifras del trágico panorama de nuestra niñez, ya que en violencia contra menores, somos el tercer país de ciento setenta y cinco, con 1.010 casos de muertes, este año. Las principales causas de estas muertes son por accidentes (sin incluir accidentes de tránsito), en donde se encuentran 408 niños y niñas, y por asesinato 602, de estos 45 casos, el homicida fue un familiar o una persona cercana al menor, es decir, que el maltrato intrafamiliar sigue siendo una preocupante problemática en el país.
Ángela Rosales, directora de la ONG Aldeas Infantiles SOS, advierte que el mayor número de casos muertes de menores, se presenta en vacaciones, ya que no hay un adecuado cuidado de los niños y niñas por parte de los padres. Esto último, el descuido, junto con la violencia, generada por bandas y pandillas, es lo que está matando a nuestros menores.
Frente a esta realidad, es preciso que el Estado adopte programas y políticas dirigidos a la capacitación de los padres y los menores de edad, en diferentes temas, como; prevención de violencia física, sexual y psicológica, para lo cual el Estado y la familia colombiana, deben dejar a un lado el conservatismo, que lleva a los niños al desconocimiento y posteriormente a la vulnerabilidad, principalmente en los casos de abuso sexual; en donde hay un aumento del número de casos respecto al 2017, puesto que, se pasaron de 15.206 casos, frente a 17.574 casos en 2018, las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Cali, son las que más casos presentan, aportando el 68% de casos.
Como ya lo mencioné, la criminalidad también es una causa principal de muerte en menores de edad, en especial entre los 15 y 17 años. El conflicto armado, aquí, tiene gran importancia, ya que, actos como el reclutamiento o el desplazamiento forzado, han cobrado la vida de miles de niños y niñas, en estos años de conflicto, han ingresado 16.879 niños y niñas al Registro Único de Víctimas (RUV). En suma, todo lo anterior demuestra que aún tenemos un gran vacío en la presencia y actuar eficaz del Estado, construyendo una triste realidad para los menores, que cuando no mueren, no tienen acceso a recreación, educación, agua, o son obligados a trabajar; es probable que la garantía de derechos fundamentales, hacia nuestros niños y niñas, sea posible, pero solo, cuando tengamos un gran fortalecimiento y modernización del Estado.
@OSierrAbogado- Por Oscar Sierra