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Los impactos de la Ley antiborrachos en Valledupar

Dura es la ley, pero es la ley. Esta expresión derivada del latín y originaria del Derecho Romano, aplica perfectamente a la implementación desde el pasado 19 de diciembre de la Ley 1696 o Ley ‘Antiborrachos’, con la que establecen sanciones penales y administrativas a las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Y dura ha sido para los primeros sancionados en los primeros tres días de aplicación de la ley, que pensaron que podían seguir burlándose de la sociedad, con la actitud irresponsable de mezclar el alcohol con la gasolina.

EL PILÓN celebra que la Ley haya sido aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, de esa manera, puesto que solo así se podrá poner freno a esta situación. En Valledupar en menos de 48 horas, 13 personas sintieron el rigor de la Ley, al ser sorprendidos frente al volante con diferentes grados de embriaguez.

Los impactos sociales y económicos con la aplicación de la Ley ‘Antiborrachos’ se sentirán con rigor, especialmente porque su aprobación se da en una época en la que las fiestas están a la orden del día y las imprudencias de los ciudadanos aumentan considerablemente.

Aunque las sanciones penales y administrativas han sido consideradas por algunos sectores de la sociedad demasiado extremas, el mayor porcentaje de la ciudadanía, por lo menos así sucede en Valledupar, opina lo contrario, debido a que es una Ley ejemplarizante.

Solo con la primera sanción, el conductor ebrio pierde su licencia y deberá hacer trabajo comunitario y su reincidencia, hasta tres veces, le hará perder definitivamente su licencia, eso sin contar la millonaria multa que establece la Ley 1696.

EL PILÓN por considerar de interés este tema para la ciudadanía vallenata y cesarense, le hará un seguimiento especial a la aplicación de la Ley en la capital cesarense, y será el ojo avizor para ambas partes: ciudadanía y autoridades, porque hecha la ley, hecha la trampa, debido a que también pueden aumentarse los niveles de corrupción entre los agentes de la policía encargados de ejercer el control en las vías urbanas, que pueden ser tentados por los sobornos. En este caso, así como es la ley de dura, también deben ser los uniformados que asuman este papel.

 

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