Definitivamente éste es un país de bandidos. En seis años convirtieron la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, en un vehículo para promover colectivos de abogados para estafar al sector agroempresarial y al Estado.
Esta semana, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) denunció ante la Fiscalía otra de las bandas de falsos reclamantes que se hicieron pasar por víctimas para apoderarse de 1.178 hectáreas en la Hacienda Bellacruz, del empresario Germán Efromovich, en el municipio de La Gloria en el departamento del Cesar. Lo asombroso de este caso, es que estos delincuentes lograron -mediante una acción de tutela-, engañar a la Corte Constitucional para que fallara a favor de ellos. ¿Y ahora quien le responde al empresario Efromovich, por los daños económico y reputacional que le ocasionaron con esta falsa demanda?
El boquete jurídico que dejó esta ley es tan grande, que tienen paralizado la inversión agropecuaria en medio país, y al otro medio lo tienen paseándose por los pasillos de los Juzgados, Tribunales y Altas Cortes, defendiendo sus propiedades de las demandas arbitrarias de restitución de tierras interpuestas por estos colectivos de falsos reclamantes. En la Región Caribe, este negocio resultó tan bueno, que ya montaron varias ONG de garaje, especialistas en convertir a incautos campesinos en falsas víctimas de despojo de tierras, para luego repartirse el botín.
Claramente, la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, les dejó el negocio bien montadito. Dicha ley establece en uno de sus artículos, “que tienen derecho a que se les devuelva sus tierras, las personas que, a causa del conflicto armado y con fecha posterior al 1 de enero de 1991, debieron vender sus tierras por necesidades generadas por la violencia y las condiciones de venta fueron inequitativas”.
Esto quiere decir que todas las compras de predios rurales que se han realizado en el país entre 1991 y 2017, son sujetas de restitución a sus antiguos dueños, porque todo el país -excepto la sabana de Bogotá y San Andrés Isla-, fue afectado por la violencia de las Farc y los paramilitares. Además, las personas que compraron esos predios de buena fe, también compraron el riesgo. En ese sentido, es subjetivo hablar de inequidad en la transacción del predio rural.
Para que tengan una idea de la magnitud de este problema, según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia existen 8.1 millones de víctimas del conflicto armado. No sabemos cuántos han sido los colados como falsas victimas por estos colectivos de abogados para reclamar ante la UTR, tierras que fueron legítimamente compradas. Sospecho que puede haber muchos más que en el Sisben y serán en últimas, quienes paguen las consecuencias por prestarse para estos actos delictivos que, tienen penas de hasta 8 años de cárcel.
Pero el problema no para ahí. La mayoría de estas supuestas víctimas y falsos reclamantes de tierras, están ubicados dentro de las zonas veredales y campamentos de las Farc, donde los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda, están impulsando las circunscripciones especiales de paz. Si el Gobierno no corrige rápido esta chambonada, apague y vámonos.
En el tintero: Enhorabuena, el Congreso de la República acabó con los negociados de las fotomultas y la libreta militar.
Por Indalecio Dangond Baquero