PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
La economía del Caribe es compleja. Para el 2019, Atlántico y Bolívar concentraron cerca del 55 % de su producto interno bruto (PIB). De otra parte, cerca del 40 % del PIB guajiro y cesarense lo constituye un único sector, el carbonífero. Sucre, Magdalena y Córdoba son los departamentos en donde las actividades de administración pública pesan más en el total de la producción, y, finalmente, el 50% del PIB de San Andrés depende del comercio.
El PIB per cápita de 2020 de los departamentos del Caribe está atrás del nacional con la excepción de San Andrés. Mientras el PIB per cápita nacional fue de casi 20 millones de pesos, el del Atlántico fue de $16,4 millones, Bolívar $15,8 millones y el más bajo, La Guajira, de sólo $8,7 millones; el más alto, Bogotá, alcanzó los $33,6 millones. A nivel de competitividad, según el Consejo Privado de Competitividad para el período 2020-2021, el mejor posicionado fue el Atlántico de número 6, Bolívar de 11, mientras Córdoba, Sucre y La Guajira ocuparon los puestos 22, 23 y 25 respectivamente entre 33 entidades territoriales.
Ante esta situación, -bajo PIB per cápita y baja competitividad- es muy importante entender el territorio y sus puertos a la luz de la crisis que se presenta a nivel mundial, particularmente con la interrupción de las cadenas de suministros y la necesidad que tienen ciertos mercados de tener sus proveedores más cerca. A partir de allí, hay que sacar provecho de acuerdos comerciales, de posibilidades de aumentar exportaciones para lo que se requiere avanzar en la incorporación de tecnologías, fortalecer la educación pertinente y técnica en los sectores que ofrezcan ventajas comparativas y que sean estratégicas para la región. Identificar y apoyar las iniciativas clúster más dinámicas, establecer alianzas público-privadas para sectores estratégicos con mucha participación de la academia y de investigadores. Finalmente hay que avanzar hacia la diversificación productiva en toda la región, enfatizando en el Cesar y La Guajira vía agroindustria, servicios, energías renovables y turismo, para que dejen de depender del carbón.
INFORMALIDAD LABORAL
Debido a la alta informalidad, la región Caribe es una de las más rezagadas con relación a la calidad del empleo. Para el 2019 la región tenía 4,71 millones de ocupados, lo que mostraba una tasa de ocupación de 55,4 %. Sin embargo, el 70,2 % de esta población ocupada se encontraba en la informalidad; en otras palabras, 7 de cada 10 ocupados en la región son informales y tienen una remuneración mensual promedio por debajo de los $550.000. A nivel de sectores económicos, dentro de los 10 grandes de la economía en seis de estos (comercio, servicios sociales, agricultura, industria, transporte, construcción y actividades inmobiliarias) la costa Caribe presenta mayores tasas de informalidad en comparación con otras regiones del país.
Dentro de los principales obstáculos que se mencionan como barreras para la creación de empleo formal se encuentra la deficiente capacidad laboral, lo cual se manifiesta en un desajuste entre los conocimientos y habilidades de las personas en busca de trabajo y los requerimientos del mercado laboral. Frente a esta problemática se hace necesario ahondar esfuerzos para caracterizar a la población informal para poder focalizar las políticas de transición a la formalidad; implementar políticas de desarrollo productivo que permitan determinar estrategias eficaces para promover el fortalecimiento del capital humano, de manera que éste se ajuste a la actual transformación industrial y así poder incentivar inversiones y desarrollo empresariales en la región, que mejoren la calidad del empleo y el desempeño de las economías regionales. De esta manera, a través del desarrollo y mejoras en la productividad regional se pueden generar nuevas oportunidades de empleos formales que contribuyan a disminuir sus altas tasas de informalidad.
Foto: Cortesía
MEDIO AMBIENTE
El país y en particular el Caribe han sido señalados por su alta vulnerabilidad al cambio y la variabilidad climática. Hay tres amenazas reales. El bosque seco tropical, predominante en la región, se está extinguiendo, sólo queda un 8 % y la desertificación avanza. Los suelos están sufriendo procesos de degradación, erosión, salinización y compactación. Los cultivos no controlados y la ganadería sin prácticas de sostenibilidad han contribuido a ello. El régimen de lluvias está alterado y parte de la tierra cultivable está perdiendo su fertilidad.
En segundo lugar, los ecosistemas acuáticos (ríos, ciénagas, playones, caños, etc.) han sido afectados por sedimentación, deforestación, minería, ganadería, obras públicas y robo de agua, lo que ha generado sequías, tragedias invernales, inundaciones, hambre y pobreza porque han afectado la pesca y la agricultura. Hay una deuda histórica, como dice la profesora Sandra Vilardy, asociada con la desecación inducida para volver “tierras productivas” cientos de miles de hectáreas de humedales, que regulaban y aportaban agua a procesos ecológicos y productivos. Finalmente, la erosión costera y el ascenso del nivel del mar son una amenaza latente, por lo tanto, los niveles de vulnerabilidad de las ciudades costeras han aumentado y se requiere tener una agenda de atención ante esta problemática.
En el componente tierra, soluciones tipo reforestación, recuperación vegetativa, pago por servicios ambientales, y lo que se denomina una economía regenerativa es lo que se necesita para poder hacer un uso sostenible de sus recursos naturales. Restaurar suelos es fundamental para que los procesos de reforestación funcionen, para fortalecer la resiliencia climática, mantener y crear nuevos empleos, garantizar la seguridad alimentaria y la regulación del agua. Para recuperar los ecosistemas acuáticos se requiere de mayor control y regulación, pero sobre todo un mejor entendimiento del comportamiento de la naturaleza para no buscar soluciones contra-natura que empeoran la situación; finalmente, en el tema marítimo se requiere iniciar cuanto antes las obras de protección costera y la regulación respectiva.
GOBIERNOS TERRITORIALES
La región Caribe cuenta con 197 municipios, de los cuales, 150 (76%) obtuvieron puntajes inferiores al promedio del año 2020 (50,8 puntos) en el índice de desempeño municipal que publica anualmente el DNP.
El índice, además, permite visibilizar en donde se concentran las mayores oportunidades de mejora para las entidades territoriales. Considerando que el puntaje promedio más bajo para la región Caribe se ubica en la categoría de movilización de recursos, esto hace referencia a débiles capacidades para recaudar ingresos por habitante, así como una escasa participación de los recursos propios en la inversión. A lo que se suma una baja gestión de recaudo por la vía de la aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial, indicando que experimentan un mínimo recaudo predial efectivo y poco uso de instrumentos definidos en las normas de ordenamiento territorial.
Para avanzar sobre este frente, se hace relevante el fortalecimiento de los fiscos municipales, desde sus secretarías de hacienda y planeación, que les permita aumentar su autonomía y lograr una mayor ejecución pertinente de los proyectos requeridos en sus territorios.
Casi como una lista de buenas prácticas, expertos en la materia sugieren iniciar con planes de optimización de recursos propios que muestren compromiso en la búsqueda de fondos para la atención de necesidades de gasto.
En segunda instancia, es importante avanzar en la actualización de las bases tributarias de
impuestos como el predial y el ICA, al igual que en la simplificación y facilitación del cobro y el pago, apoyados en estatutos tributarios con reglas claras de recaudo y fiscalización.
Adicionalmente, implementar medidas para la modernización en los sistemas de facturación y cartera, haciéndolos indelebles al fraude y efectivos en el cobro.
CONECTIVIDAD VIAL
Una de las principales limitantes a la competitividad regional, se encuentra estructurada en la conexión vial intraciudades y la urbano-rural.
En cuanto a la primera, principalmente sustentada en los sistemas de transporte masivo, es de advertir que estos se han quedado rezagados ante el crecimiento de las ciudades, debido a la imposibilidad en consolidar un equilibrio entre lo financiero y la buena calidad del servicio. Fedesarrollo( 2013) demarca una serie de recomendaciones claves desde dos frentes: el financiero y el institucional. Desde el primero, hace mención a la necesidad de disponer de un vehículo financiero que les permita solventar las afugias de caja, consolidar un modelo integrado entre el servicio masivo y público y realizar una mejor gestión de la demanda para reducir el riesgo de operadores. Desde el frente institucional es necesario reglamentaciones de contratación más claras, fortalecer la capacidad de la autoridad de transporte en las ciudades, involucrar en los convenios de cofinanciación requerimientos de cumplimiento de resultados operativos, mejorar la gestión de rutas y regulación, y fortalecer capacidades de los gestores en la optimización de rutas.
Por otro lado, la conexión entre los departamentos se encuentra limitada por un mal estado de las vías bajo la administración de INVIAS, en donde la mayoría cuenta con más del 40 % de su red vial primaria en estado regular, malo o muy malo.
De esta manera, se sugiere avanzar en un plan de conectividad apoyado en la intermodalidad, que no pierda de vista obras de infraestructura prioritaria, algunas de las cuales llevan años siendo demandadas por el territorio, mientras otras ya iniciaron su ejecución, pero deben ser supervisadas hasta alcanzar su adecuada operación, en informe completo se citan algunos ejemplos.
Foto: Cortesía
ACCESO A LAS TICS
Desde antes de la crisis provocada por el COVID-19 existía la necesidad del desarrollo de políticas, programas de regulaciones y mayores inversiones en infraestructura para garantizar el acceso a toda la población a las tecnologías de información donde los desafíos aún siguen siendo sustanciales; una cobertura deficiente y desigual; altos costos de los datos y dispositivos y barreras en el acceso a la información.
Según el último informe sobre los indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información, la proporción de hogares que poseen conexión a internet se encuentran entre el 31 % y 38 % con excepciones como La Guajira con un porcentaje menor a 19 % y Atlántico con valores entre el 40 % y 55 %. Así mismo, el índice de desarrollo de las TIC (IDI) muestra que en el 2020 la mayoría de los departamentos de la región Caribe se encuentran en un nivel medio-bajo en el desarrollo de las TIC.
Las ciudades de la costa Caribe deben seguir avanzando en el acceso universal a las TIC y para esto es necesario aumentar las inversiones para ampliar la cobertura de las redes y llegar a la población más vulnerable. De igual manera, desarrollar e implementar programas educativos que promuevan la formación en el buen uso de la información y la tecnología , así como, entender la importancia que tienen en la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.
Lo que se haga en los anteriores 10 frentes tendrá mayor impacto si hay un compromiso expreso y oficial por la transparencia en la gestión y uso de los recursos públicos, con prácticas de buen gobierno corporativo. La corrupción es la sombrilla que cubre estos 10 frentes, cualquier peso que se desvíe de su destinación hace más grave la situación de la región, por lo cual se hace urgente reemplazar la elocuente frase de “roba, pero hace”, llevándola hasta “hace sin robar”.