Desde el pasado 17 de marzo cuando el presidente Iván Duque decretó el Estado de Emergencia en el país por la pandemia del coronavirus, se han creado a la fecha 46 decretos en los que se han establecido las medias económicas, sociales y sanitarias para sobrellevar la crisis. Estos serán revisados por la Corte Constitucional para evitar que violen los derechos fundamentales.
EL trabajo de la Corte Constitucional será evaluar que las normas se ajusten a la Constitución Política. Además de examinar decretos del Estado de Emergencia, la máxima autoridad constitucional también revisa los creados ante Estados de conmoción exterior (por motivos, por ejemplo, de guerra) o los Estados de conmoción interior por emergencias económicas, sociales o ambientales.
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Este jueves, la Corte Constitucional anunció que 20 nuevos decretos expedidos en el marco de la Emergencia Sanitaria serán revisados por los siguientes magistrados:
-El magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo se encargará de dos normas: el decreto que permite la autorización temporal a gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales mientras esté vigente el Estado de emergencia económica, social y ecológica y el decreto que prorroga el servicio militar obligatorio por tres meses.
Por otro lado, el magistrado Alejandro Linares Cantillo se encargará de los decretos que establecen las medidas de contratación estatal y el uso de recursos del Sistema General de Regalías para la financiación de inversiones públicas.
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Al magistrado José Fernando Reyes Cuartas le correspondió el decreto de “porcentaje mínimo de programación de producción nacional en televisión y utilización por los operadores regionales para funcionamiento de los recursos de fortalecimiento, durante el Estado de emergencia”. Así como el que establece las medidas de bioseguridad para mitigar la propagación del Covid-19.
Entre tanto, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger revisará tres normas: la primera que establece el pago diferido de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible para usuarios de los estratos 1 y 2. Segundo, el decreto sobre las medidas para contener y mitigar el coronavirus y garantizar la prestación de los servicios de salud.
Y tercero, en el que se adoptan medidas para suspender temporalmente el requisito de insinuación para algunas donaciones, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica.
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Por su parte, el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez le correspondió el decreto del programa Ingreso Solidario y el que establece la presentación del examen de Estados no será un requisito para el ingreso a la educación superior en el segundo semestre de este año.
A la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado le correspondió el estudio del decreto de adición al presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal 2020, de 15 billones pesos; el decreto sobre la devolución del IVA; el que establece la adquisición de dispositivos médicos y elementos de protección personal en el exterior para mitigar la pandemia del coronavirus.
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Además, el magistrado Carlos Bernal Pulido evaluará el decreto de adición al presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal 2020, de tres billones de pesos, y, por último, el que instaura la continuación del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio de educación.
A la magistrada Diana Fajardo Rivera le fueron asignados el decreto sobre el pago diferido de los servicios de acueducto, alcantarillado a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2; el decreto que instaura las medidas para ampliar el acceso a las telecomunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria y el decreto que establece la excarcelación de reclusos por prisión domiciliaria transitoria durante seis meses.
Finalmente, al magistrado Alberto Rojas Ríos le correspondió el decreto de exenciones tributarias transitorias del Gravamen de Movimientos Financieros, GMF.